El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que «el Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de las protestas pacíficas», en referencia al protocolo anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que apunta a reprimir la protesta social.
En un hilo publicado en su cuenta de X, el especialista en derecho constitucional recorre «estándares interamericanos en la materia que tienen jerarquía constitucional».
En este sentido, recordó que la protesta pacífica es «un derecho fundamental y humano», a diferencia de la protesta violenta, que «está castigada por el código penal».
Más adelante, Gil Domínguez hace referencia a la «posible colisión» entre el derecho a transitar tránsito y el derecho a reunirse: «Corresponde tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión es uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática».
«El derecho a la protesta pacífica engloba la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho a la no discriminación, la libertad sindical y el derecho a la huelga (entre otros)», detalla, y asegura que la regulación del ejercicio de este derecho «debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso».
En la misma línea, plantea que la regla general debe ser «el ejercicio pleno del derecho a la protesta pacífica», mientras que «las limitaciones a este derecho, la excepción».
También afirma que no es necesario pedir autorización previa para participar de una protesta pacífica, al tiempo que «se puede elegir el contenido y los mensajes de la protesta, como así también el tiempo y el lugar».
«La limitación del derecho a la protesta pacífica deber ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar en la prohibición de su ejercicio», señala Gil Domínguez.
Sobre el final, afirma que «ninguna regulación del derecho a la protesta pacífica será efectiva si no es el resultado de una política pública consensuada entre las distintas fuerzas políticas con representación legislativa».
Ante el inminente anuncio de la Ministra Patricia Bullrich sobre el dictado de un “Protocolo Antipiquete” vale la pena recordar ciertos estándares interamericanos en la materia que tienen jerarquía constitucional:
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) December 14, 2023
