Hace un año, el gobierno provincial fue sacudido por una denuncia grave: el secretario de Biodiversidad había talado unos árboles en una zona protegida, para vender la madera. El gobierno reaccionó rápido y a través de la ministra de Ambiente, María Inés Zigarán, separó al funcionario y presentó el caso en la Oficina Anticorrupción (OA). Ahora la justicia penal desestimó la denuncia, sin mucho trámite. Entonces Giménez decidió hablar públicamente del caso. “Para nosotros es importante echar luz, no solo por una cuestión personal sino para saber qué clase de funcionarios nos están gobernando hoy”, afirmó en diálogo con El Submarino Radio (91.5). Puso en duda el conocimiento de la ministra en temas ambientales y advirtió sobre “prácticas autoritarias y mentirosas” que incluyen la persecución. “Este no es el cambio”, afirmó.
Giménez empezó aclarando: “Nosotros renunciamos porque no había más espacio político a raíz de lo que estaba pasando”. El caso fue llevado a la OA a través de la ministra; la oficina produjo pruebas, las elevó a la justicia, el caso fue a la justicia a la fiscalía penal, el fiscal determinó que se produjesen dos o tres pruebas más. Con lo que había actuado la OA y lo que él tenía, terminó desestimando la denuncia en un ciento en ciento y la mandó a archivo.
“Ni siquiera nos tomó declaración -destacó-. Quedó fehacientemente comprobado que no ha habido nada de lo que la ministra sostuvo en ese momento y que tuvo tanta repercusión a raíz de los minutos de fama que tuvo, sobreactuando una cuestión que no tenía asidero legal”.
El exdiputado provincial trazó una interpretación: “Creemos que esto tiene que ver mucho con la etapa que estábamos dejando atrás los jujeños en ese momento, o con un mandato que tienen los funcionarios de dar correlato entre la palabra y los hechos. Pero lo que planteó la ministra no tiene anclaje a la realidad”.
La ministra es el blanco del malestar de Giménez: “Denunciaron que en el Potrero de Yala, que es un área protegida, había una extracción a la que la ministra llamó ‘tala’, lo que demuestra el mínimo conocimiento en temas ambientales que tiene, porque confundió ‘tala’ con ‘raleo, que son términos distintos en términos ambientales”.
Según su explicación, la tala es una medida ambiental hecha al azar, indiscriminadamente, mientras que el raleo es selectivo y obedece a un proceso que se llama remediación, que consiste en la extracción de los pinos, que son especies no nativas, porque estaban deteriorando el hábitat de esa región.
La ministra en ese momento dijo que no había un instrumento legal que avalase la medida tomada por el secretario de Biodiversidad, que las operaciones se habían hecho de noche, y que los árboles habían ido a un aserradero en el que, supuestamente, podía haber venta de la madera.
“Lo primero que se comprobó es que no hubo venta de la madera, y lo declara el dueño del aserradero, a quien ni conozco. Y si no hay venta, no hay dolo”, señaló, y agregó que existe un convenio firmado entre el área de Ambiente de la gestión anterior y el aserradero, a través del cual el aserradero recibe madera, que se destina luego a la cárcel, donde los internos fabrican muebles.
Otra cosa que se detuvo a aclarar es la referida a la falta de un documento que avalara la operación. “Hay un convenio, pero ella no lo sabía -disparó-. La operatoria viene de años anteriores. Hay todo un andamiaje legal, desde leyes nacionales hasta el Plan de Ordenamiento Ambiental, el POA. Todas estas normas indican y ordenan que se saquen las exóticas de las zonas protegidas. Porque el pino acidifica el suelo, no deja crecer otras variedades, es invasiva, y entonces corren peligro no solo las especies que concomitan ahí sino la gente que habita”.
De hecho, fueron los guardaparques del Potrero de Yala los que pidieron la extracción de los pinos, porque algunos se habían caído sobre el sector de piscicultura. “Opinaron gente de parques nacional, gente de la universidad, biólogos, geólogos, ingenieros forestales, y todos coinciden en que la erradicación de exóticas y la sustitución por nativas tiene que ser política de estado”, agregó Giménez.
“De manera que lo que hemos hecho es cumplir el mandato de las leyes, estamos atados a esta institucionalidad y la cumplimos de pie a cabeza”, sintetizó.
¿Qué pasó con los pinos, finalmente? Está en el expediente. Giménez leyó: “Los pinos han llegado al aserradero a las dos de la tarde, con guías que en ese momento emitió el Ministerio de Producción”.
“Ha sido todo por derecha, transparente, y no lo decimos nosotros sino que lo dice un fiscal anticorrupción y un fiscal penal, de manera tal que no hay lugar para discusiones e interpretaciones”, sintetizó.
‘Este no es el cambio’
Después llegó el momento del análisis. Primero repasó su trayectoria: “Esto nos ha costado, hemos tenido que renunciar y estar en la sospecha pública, pero aprovecho para reflexionar sobre lo siguiente: nosotros militamos en la UCR durante la dictadura, para recuperar la democracia. Hace más de 32 años que estamos en esto. Hemos tenido cargos públicos de diputados, nunca hemos tenido una acusación de este tipo”.
Luego se ocupó del presente. Dijo que la ministra Zigarán es “gente que recién llegó a todo esto”, en claro contraste con la historia que refirió antes. Dijo además que al radicalismo le costó mucho llegar al gobierno, que tiene “discrepancias fuertes con la gente del partido”, que han tenido “discusiones con vehemencia”, pero aclaró: “Jamás hemos tenido esta metodología”.
Finalmente, puso la cuestión en un contexto más amplio: “He trabajado en la administración pública en la dictadura y con el peronismo, y no he visto la persecución que se ha tenido para con los empleados como la que tuvo esta ministra ahora con la gente vinculada a este procedimiento, que no tenía nada que ver; una práctica autoritaria y mentirosa. Pero este no es el cambio”.