El Gobierno comenzó a dar marcha atrás con su decisión de impedirle el ingreso al país a decenas de periodistas e integrantes de ONG que pretendían concurrir a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La reversión de la inédita medida de impedir el ingreso de estos acreditados a la cumbre, no obstante, no se dio de forma total, sino que la Cancillería argentina informó que está evaluando caso por caso y que, en aquellos casos en los que el país del que proviene de garantías por la persona, le permitirán el ingreso. Hasta ahora, autorizaron a tres miembros de ATTAC France, a un integrante de una ONG Belga y al periodista noruego Petter Titland, quien luego de ser deportado a Brasil volvió ayer a ingresar a la Argentina. En el Gobierno, sostienen que permitirán seguir entrando a los integrantes de la lista negra en la medida de que otros Estados “den garantías de su comportamiento”. Toda una innovación en materia migratoria.
El escándalo internacional que provocó la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de impedir la entrada de 64 integrantes de ONG y periodistas que habían sido acreditados para cubrir la cumbre de la OMC obligó a revisar la medida. No sólo la decisión provocó el rechazo mundial en las redes sociales –donde predominaron alusiones humorísticas al temor macrista a convertirse en Venezuela–, sino que produjo un conflicto diplomático con alguno de los países de origen de los integrantes de las ONG.
El motivo que había dado la Cancillería argentina para impedir el ingreso de estas personas era inédito: “El equipo de Seguridad de la organización de esta Conferencia Ministerial anticipó a la OMC la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha organización en nombre de algunas ONG, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”, sostuvo el Gobierno argentino. “En función de la calificación de tales antecedentes, la organización local ha entendido oportuno indicar que las personas asociadas a tales propuestas disruptivas y/o violentas no podrían ser acreditadas para ingresar al recinto de reuniones de la Conferencia Ministerial”, afirmó en su momento la Cancillería en un comunicado oficial.
La OMC, no obstante, desmintió esa versión e indicó que la responsabilidad por la prohibición era del Gobierno de Macri. Incluso el diario The Financial Times publicó que los integrantes de la OMC intentaron convencer a los funcionarios argentinos de que revirtieran su decisión. “Simplemente dijeron que no”, sostuvo un vocero de la OMC.
Pero con el paso de los días el escándalo diplomático, lejos de decrecer, siguió incrementándose. A raíz de esto, ayer la Cancillería emitió un nuevo comunicado oficial en el que comenzó a dar marcha atrás por goteo con las prohibiciones. “El Gobierno argentino ha continuado con el análisis de los casos de integrantes de ONGs cuyos gobiernos dieron garantías de sus procederes y de las organizaciones que representan. Como resultado de dicho análisis, Genevieve Azam, Christophe Aguitton e Isabelle Bourboulon, miembros de Attac France, ya se encuentran en el país”, informó la Cancillería.
“El Gobierno argentino ha autorizado la participación en la Conferencia del ciudadano belga Michel Cermak, de la ONG CNDD/11.11.11, luego de haber recibido las seguridades del vice primer ministro belga y del ministro de Relaciones Exteriores de dicho país, apoyando el compromiso por escrito efectuado por Cermak”, detallaron sobre las quejas internacionales que recibieron por esa decisión. “El mismo expresó que nunca ha existido intención alguna por parte de la ONG 11.11.11, ni de su persona, de llamar a manifestaciones de violencia o actividades durante su estadía en Argentina, tanto dentro como fuera de las instalaciones de la Conferencia Ministerial, y que se conducirá respetando la ley argentina y el orden público”, sostiene el comunicado oficial.
Por último, se refiere a la situación del periodista noruego, que fue detenido en Ezeiza y deportado. Titland se quejó ante la embajada noruega, que le hizo llegar el descontento a la Cancillería Argentina. Pese a tener abogado, las autoridades argentinas no esperaron a que un juez resolviese si podía ingresar a la Argentina y fue enviado a San Pablo. Ayer el Gobierno nacional confirmó que dio marcha atrás con esa decisión, luego del papelón que representó deportarlo y recibir la queja de Noruega: “Con respecto al ciudadano noruego Petter Titland, el Gobierno de ese país ha respaldado formalmente al Sr. Titland, afirmando que ‘no ha estado involucrado en acciones violentas ni tampoco ha incitado a otros a cometerlas’. Debido a esta intervención formal del Gobierno noruego, se ha permitido su participación en la Conferencia”, retrocede la gestión macrista, cuya versión inicial viene siendo desmentida. En el Gobierno indicaron que si se suman más casos en los que el Estado nacional al que pertenecen los extranjeros dan “garantías de comportamiento”.
Por su parte, Titland confirmó que ayer por la tarde arribaba a la Argentina. “Estoy muy feliz de volver a la Argentina. Había sido una humillación hacia mí parte del Gobierno. Mi estadía era inconveniente para el Gobierno argentino desde el punto de vista político”, indicó el periodista e integrante de la ONG ATTACNorge, que está en contra de las offshore.
En tanto, ayer no había novedades oficiales sobre la periodista británica Sally Burch, directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), quien también fue deportada rumbo a Ecuador. La Cancillería de Ecuador ya señaló que “lamenta la decisión de las autoridades migratorias argentinas”. El CELS presentó un pedido de información para que el Gobierno de Macri explique como confeccionó la lista negra, ya que la Ley de Inteligencia prohíbe recolectar información política sobre las personas. No obtuvo respuesta hasta ayer.
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