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La justicia federal emplazó al gobierno de Jujuy para que en 30 días entregue un plan de remediación de los daños producidos en Caspalá. Es la segunda oportunidad que le da la magistrada al Ejecutivo provincial, luego de que incumpliera un primer acuerdo con la comunidad para reparar la cancha comunitaria, devolver su tierra a la familia Cruz Moyoja y subsanar el antigal que está en ese lugar.
Este lunes se realizó una reunión de la que participaron las abogadas de la comunidad de Caspalá Silvana Llanes y Alejandra Cejas, y funcionarios de los ministerios de Educación, Medio Ambiente y Turismo, entre otros.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Llanes relató que al Procurador del Estado, Sebastián Albesa, le aclararon «que no estábamos ahí para llegar a un arreglo, sino para ver el plan de remediación que propone el gobierno, porque ellos son los que están en infracción, en incumplimiento».
Desde principios de este mes, el gobierno provincial se encuentra en desobediencia judicial porque debía restituir la cancha comunitaria del Pueblo Kolla de Caspalá y la finca de Pablo Cruz Moyoja, y no cumplió el acuerdo que firmó y que fue luego homologado por la justicia federal.
A la reunión de este lunes asistieron además los peritos de la querella, el ingeniero Aguirre y el arqueólogo Spadoni, «los cuales dieron su parecer y fueron muy claros en que acá ya hay un daño irreparable», contó la abogada.
El origen
Los hechos que dieron origen a la denuncia de la comunidad ocurrieron en noviembre de 2022, cuando el entonces gobernador Gerardo Morales pretendió construir una escuela en el exacto lugar de la cancha comunitaria. Luego la Legislatura aprobó la expropiación de un terreno perteneciente a la familia Cruz Moyoja, el gobierno inició tareas de nivelación y en ese proceso se destruyó un antigal. La resistencia de la comunidad se encontró con una represión feroz que incluyó la virtual ocupación del pueblo por parte de las fuerzas de seguridad.
En este proceso judicial interviene la jueza federal de Garantías Carina Inés Gregoraschuk y la fiscal federal Lucía Romina Orsetti. Seis funcionarios provinciales están imputados del delito de defraudación a la administración pública. Actualmente está en marcha la investigación penal preparatoria.
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Cumple o paga
En tanto, continúa la pelea para que el gobierno haga lo que tiene que hacer para volver los terrenos en cuestión al estado en que se encontraban antes de la avanzada del gobierno provincial, es decir, al año 2022. Cuando se llegue a un acuerdo sobre el plan de remediación presentado por los funcionarios, se firmará un nuevo convenio que también deberá ser homologado por la jueza federal que está a cargo de la causa judicial. Si el gobierno vuelve a incumplir con lo que firma, deberá enfrentar sanciones económicas y «el estado provincial va a tener que pagarlo», afirmó Llanes.
En ese nuevo acuerdo deberán estar detallados todos los pormenores del plan de remediación, como los plazos, la duración de los trabajos, los profesionales que van a intervenir, los materiales con los que se va a hacer el reacondicionamiento, las máquinas que se van a utilizar e incluso de dónde va a salir la plata para financiarlo.
El ‘hallazgo’ que no fue
Si bien los funcionarios que asistieron a la última reunión sabían que estaban representando a un gobierno que está en falta, se dio una situación que a la abogada Llanes la sorprendió al tiempo que la hizo reír. Lo contó así: «El director provincial de Patrimonio, el arquitecto Sebastián Pasin, dice ‘nosotros nos vamos a encargar del patrimonio’. Pero no es así, el patrimonio le compete a la comunidad».
Y continuó: «Además, ¿no leyeron la carátula? Acá hubo destrucción de patrimonio arqueológico. Después de que destrozaron y se llevaron todo sin hacer ningún tipo de inventario, ahora quieren meter mano. Pero no. Cuando hagan los trabajo, van a estar las fuerzas federales y todo lo que disponga la jueza».
«Tenemos el Convenio 169 de la OIT, que se refiere a toda acción o acto administrativo que afecte directamente los derechos de las comunidades. En este caso, se trata del derecho a decidir qué hacer con el patrimonio arqueológico. Y el gobierno tiene que colaborar, no es el dueño del patrimonio», afirmó.
Llanes agregó: «Ellos fueron quienes destrozaron todo y ahora dicen el patrimonio es de la provincia porque así lo establece una ley provincial, pero le dije que en vez de fijarse de quién es, primero vayan y remedien lo que rompieron».
En este contexto, la remediación de los destrozos causados por las máquinas que mandó el entonces gobernador Gerardo Morales se tendrá que realizar con el mayor de los cuidados. Por eso debe participar personal idóneo que sepa cómo restaurar el sitio arqueológico de la comunidad que fue avasallado.
«Ellos dicen que hicieron un ‘hallazgo’ de ese sitio, pero no es así. La comunidad sabe perfectamente dónde tiene su patrimonio arqueológico. Ellos lo destaparon. Y ahora hay que cuidarlo», comentó Llanes.
En las primeras tareas en las que supuestamente el gobierno iba a reparar los daños, se hizo todo mal. La abogada remarcó: «Fue un desastre. Tiraron tierra y volvieron a destrozar lo que ya habían destrozado. Y con eso volvieron a infringir la Ley 25.743, de protección de patrimonio. Eso está en un informe elaborado por Gendarmería».
La actuación de Gendarmería nacional es consecuencia de un pedido de las abogadas de la comunidad, para custodiar los sectores en cuestión y evitar que se sigan produciendo daños.
