La interna peronista en Jujuy pasó de las discusiones políticas a los tribunales, y el olor a «quemado» llega hasta la Legislatura. Fuerza Patria denunció una persecución judicial descarada por parte de la diputada Noemí Isasmendi contra la militante Luli Quispe, en lo que calificaron como un acto de «bajeza total».
«Ahora sabemos para quién trabaja»
El repudio de la agrupación no tuvo filtros. Apuntaron directamente contra el giro político de la legisladora, que tras entrar por el kirchnerismo, hoy se acomoda en la «comodidad individual» de su banca:
- Militancia vs. Casta: Cuestionan que Isasmendi use su tiempo para judicializar peleas internas en lugar de denunciar los sueldos de hambre o la corrupción.
- El método Morales: La acusación es grave; dicen que la diputada adoptó las mismas herramientas de amedrentamiento judicial que el radicalismo usó durante la última década en Jujuy.
- La prueba del delito: Según el comunicado, Isasmendi entregó capturas de pantalla de grupos de WhatsApp políticos para armar una causa penal contra una compañera.
Ética de bolsillo
Para el peronismo crítico, el caso de Isasmendi es el síntoma de una enfermedad mayor: la fragilidad ética de quienes llegan al poder y se olvidan de las bases. «Se cansan de denunciar privilegios antes de asumir, pero una vez adentro, los usan para callar voces críticas», sentenciaron desde Fuerza Patria.
La guerra está declarada: de un lado, la militancia de a pie; del otro, una diputada que, según denuncian, eligió el bando de la persecución.