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Un total de 17 detenidos por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar resultaron beneficiados hasta el momento con prisión domiciliaria desde el inicio de la emergencia sanitaria por coronavirus, en tanto a otros 41 se les negó el pedido.
De acuerdo a un relevamiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, desde el inicio de la cuarentena hubo 104 pedidos de prisión domiciliaria por parte de represores detenidos por asesinatos, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad en la dictadura, según consigna el sitio web oficial fiscales.gob.ar.
De este total, resta resolver el planteo de 46 detenidos y, en muchos de los casos, se pidió informes al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación previo a tomar una determinación.
En Mendoza, detallaron desde la Procuración, fueron concedidos nueve arrestos domiciliarios.
En los casos en que los represores cumplen la prisión en Campo de Mayo, la fiscal a cargo de la Procuraduría, Angeles Ramos, dictaminó que deben rechazarse porque en esa Unidad no hay «hacinamiento» y está «aislada» de las restantes cárceles federales.
Además, se remarcó que, hasta el momento, no hay contagio de Covid-19 en los penales y que, en el caso de Campo de Mayo, el hospital intramuros funciona «adecuadamente».
Uno de los represores argumentó que, si se le concediera arresto domiciliario, podría ser asistido por su obra social en caso de contagio.
A este planteo, la fiscalía replicó que «el hecho de tener una obra social hoy no lo coloca en mejor situación dada la situación de emergencia sanitaria que enfrenta el país».
La fiscalía remarcó que es deber del Servicio Penitenciario Federal «implementar protocolos acordes a ese grupo poblacional que los resguarde» y generar «acciones para minimizar la posibilidad de contagio».
Según se remarcó en los dictámenes, el SPF «viene implementando» este tipo de protocolos de prevención.
