La movilización está prevista para las 9 y media de la mañana. Mariana Vargas, abogada dedicada a temas de violencia de género y derechos de las mujeres, explicó a El Submarino que originalmente la idea era reclamar también por el cierre del boliche de Alto Comedero donde trabajaba Romina Aramayo, la joven asesinada en abril pasado y por cuya muerte no hay aún imputados.
“Hoy se difundió la información de que se ordenó el cierre de boliches donde se comprobó que había trata de personas. Uno de los temas incluidos en la convocatoria de mañana es precisamente el reclamo de que se cierren esos locales. En el caso de Romina, se sabe que había sido explotada sexualmente en el boliche de Alto Comedero, y detrás de su muerte hay algo muy mafioso”, dijo Vargas, y destacó como sugestivo el hecho de que la semana pasada “llamaron a la familia y encontraron un zapato de Romina en el lugar donde fue encontrado el cuerpo”.
La abogada recordó que la justicia federal ordenó el cierre de estos boliches. “Era lo que reclamábamos, porque de ahí se rescataron mujeres de otras provincias y también de otros países”, asegura, y relata que en los allanamientos se encontraron todos los documentos de identidad de esas jóvenes guardados en un cajón aparte. “Es muy común este tipo de confiscación por parte de los tratantes”, explica.
Sobre la postura que adopta la sociedad en general sobre el tema, Vargas advierte que “hay una negación de la existencia de la trata”. Por esa razón, interpreta, “cada vez que hay una denuncia la causa se caratula de otra forma”, y llama la atención sobre la persecución de la que son víctimas quienes denuncian este tipo de delitos. “Lo primero que hay que hacer es aceptar que la trata existe”, afirma.
En el preencuentro de mujeres realizado el sábado pasado con vistas al próximo Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza en Salta los próximos 11, 12 y 13 de octubre, se debatió también sobre cómo se aborda la violencia de género. “Debe haber un protocolo para que las mujeres no tengan que hacer la denuncia, sacar constancia, ir a una defensoría o a un abogado particular, hacer la denuncia en el fuero del tribunal de familia y desde ahí recién se ordena ya sea la restricción o la exclusión del hogar”, explicó Vargas, y agregó: “El protocolo debe permitir que los fiscales solucionen el problema en forma inmediata. Nos hemos dado un plazo de tres meses para hacer este protocolo que va a ser un gran avance”.
Clausuras y detenciones
Dos mujeres y dos hombres fueron procesados por el delito de trata de personas y explotación sexual en dos cabarets ubicados en Alto Comedero y San Pedrito, que fueron clausurados definitivamente por orden de la Justicia Federal. Las víctimas son cerca de cuarenta mujeres, algunas de ellas argentinas y otras extranjeras.
La clausura definitiva de los locales y la elevación a juicio de los cuatro acusados fue ordenada por el juez Wenceslao Cardozo, titular del Juzgado Federal 1 de esta ciudad. Además, trabó un embargo de 500 mil pesos sobre los bienes de los acusados.
Tres de ellos ‒Ada Esther Rivadeo, de 61 años; Ruth Lía Torrejón Quispe, de 50, y José Andrés Torres, de 30‒ están procesados por supuesta «trata de personas con fines de explotación sexual, doblemente agravado en razón de que las víctimas son más de tres personas y en la comisión del delito participaron tres personas». El cuarto, Roberto Gabriel Fontanet, de 42 años, está procesado también por presunta «trata de personas con fines de explotación sexual, agravado porque las víctimas son más de tres personas».
Las investigaciones comenzaron a mediados del 2012 a partir de una denuncia anónima realizada a la línea telefónica 145 del programa nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Las primeras actuaciones importantes de la investigación ocurrieron en junio del 2012, cuando se allanó el cabaret del barrio San Pedrito, propiedad de Rivadeo y administrado por Torres y Torrejón Quispe. Allí se encontró a 24 mujeres mayores de edad, entre las cuales había cinco colombianas y una paraguaya. También allanaron el local del barrio Alto Comedero, donde actuaba Fontanet y se halló a 16 mujeres mayores de edad, entre las cuales había una colombiana y cinco de otras provincias.