La bancada justicialista se mostró crítica con el ingreso del proyecto para corregir la Ley de Emergencia del Transporte, aduciendo que el Parlamento viene incurriendo en desprolijidades porque el pleno de los representantes, sobre todo la oposición de la que forman parte, no tienen acceso a los expedientes ni el tiempo mínimo indispensable para analizar sus contenidos.
En ese sentido, su titular, Javier Hinojo, volvió a recordar que durante las sesiones extraordinarias celebradas de diciembre a esta parte, muchos proyectos no fueron ni siquiera acordados en Labor Parlamentaria. “Es la tercera vez que sesionamos para corregir leyes aprobadas hace un mes atrás. Lo único que se pide es participación y tener los instrumentos necesarios para realizar un estudio pormenorizado y de esa manera aportar leyes acordes a las necesidades de nuestra sociedad. Esto denigra la calidad parlamentaria”, completó.
Mencionó además que la Cámara trabajó todo el año pasado escuchando a los actores involucrados en el tema para avanzar en una ley que solucione la cuestión de fondo y no volver a caer en una emergencia y que la legislación no caiga en letra muerta. Sobre la corrección que se le hizo a la norma, aprobada el 22 de enero último, Hinojo puso reparos y cuestionó la metodología. “Si seguimos empleando esta metodología, seguramente seguiremos sesionando para enmendar errores, pudiendo evitarse ello con una mayor participación de los legisladores y de las partes interesadas en cada uno de los temas que se abordan en el recinto”, vaticinó.
Otros legisladores peronistas que hicieron oír sus voces de queja fueron Octavio Herrera, que afirmó que desde su bloque se había anticipado lo que podía suceder con la sanción de la Ley original tal como estaba redactada, la que dejaba fuera de circulación cerca de 100 unidades; Alberto Matuk, quien sostuvo que esta norma traerá otras implicancias en el transporte interurbano, dando por descontado que la misma seguramente deberá volver a corregirse; y Luis Cabana, quien deslizó un pedido para que la iniciativa pasara a comisión, señalando que había que priorizar, por sobre los intereses de los empresarios, la vida de los usuarios.