Murad estuvo detenida durante siete años, desde mayo de 1975 hasta mayo de 1982, cuando recobró su libertad pero vigilada hasta diciembre de ese año.
En la audiencia de ayer, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Jujuy leyó el dolor de los padres de Dominga Álvarez de Scurta, ya fallecidos, cuando prestaron testimonio sobre el secuestro de su hija fue secuestrada por parte de un operativo policial en los últimos días de mayo de 1976, para ser vista con vida por última vez el 10 de junio de ese año, cuando fue sacada de la cárcel jujeña por la policía.
El tribunal, conformado por Fátima Ruiz López (presidenta de trámite) y los vocales Daniel Morín y Federico Díaz, y como cuarto juez, Marcelo Juárez Almaráz, incorporó como prueba los testimonios de los padres de la docente, Secundino Álvarez y Apolinaria Sarmiento de Álvarez.
Ambos ratificaron que fue el comisario general de la policía provincial Ernesto Jaig quien estuvo al frente del operativo que sacó de su cassa en forma ilegal a Dominga, que vivía junto a ellos y sus tres hijos.
En su testimonio, el padre contó que pudieron ver a Dominga en el Departamento Central de la Policía, que al poco tiempo fue trasladada a la cárcel del barrio Gorriti, donde no pudieron visitarla. Hasta que un día, un soldado les informó que había sido trasladada. Secundino y Apolinaria fueron a ver a Jaig, quien les dijo que había sido puesta en libertad.
El testimonio de Apolinaria fue también muy doloroso. Ella presenció la detención de su hija el 26 de mayo de 1976 a manos de un grupo de policías comandado por Jaig, sin orden de allanamiento judicial. Eran más de 12 policías uniformados y armados que revolvieron el dormitorio de su hija antes que esta llegara, que después ella tomó una pastilla que la hizo descomponer y se la llevaron al Hospital Pablo Soria.
Al visitarla en el Departamento de Policía, Apolinaria pudo ver a su hija con un ojo morado. Después no la vio más.
El testimonio de los padres de Álvarez de Scurta recorre además el derrotero en su búsqueda, luego de que fuera sacada del penal de Villa Gorriti. En ese camino pasaron por el Regimiento de Infantería Mecanizada 20, donde Rafael Mariano Braga (condenado a perpetua en el juicio anterior), y el aún prófugo de la justicia, el militar Juan Carlos Jones Tamayo, les mostraron un papel con la supuesta firma de Dominga en el que constaba que había sido puesta en libertad.
Esta práctica era frecuente y ya se escuchó en varias oportunidades, sobre todo en el anterior juicio por delitos de lesa humanidad: mostrar a los familiares un papel donde constaba una supuesta liberación, con la firma del detenido. Lo que supo años después, tras las investigaciones, y se constata hoy en cada testimonio, es que esos papeles significaban, en la mayoría de los casos, que los secuestrados no volverían.
Los padres de Dominga llegaron también a hablar con el máximo representante de la iglesia jujeña, el obispo José Miguel Medina, y otros sacerdotes, como Labarta, quienes les negaron toda información.
Fue el padre quien en 1984 fue a reconocer el cuerpo que había sido enterrado como NN, en el cementerio de la localidad de Yala. Supo que era ella por su ropa, por la prótesis dental y “un sentimiento, una inspiración de que era mi hija”, consta en el terrible relato.
En este juicio, se esta develando las causas de la detención y muerte de Dominga Álvarez Scurta y de la desaparición de los detenidos Osvaldo José Gregorio Giribaldi, Jaime Lara Torrez, María Alicia Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eugenio Torres Cabrera y Jorge Turk Llapur.
Por los delitos de secuestros, tortura, tormentos y asesinato, están procesados: Antonio Orlando Vargas, ex interventor de la cárcel de Jujuy, quien ya esta condenado a 25 años de prisión por el primer juicio en Jujuy, el sargento de Ejército, César Darío Díaz y los oficiales guardicárceles Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Ortiz, Mario Marcelo Gutierrez y Herminio Zárate, quien prestaban servicios en el ejército argentino.
En la audiencia de ayer también prestaron declaración los exmiembros del servicio penitenciario Adrián Liquín, Leandro Cabana y Juan Mamaní, quienes negaron recordar o saber nada de lo que ocurría en el penal de Villa Gorriti, al igual que el resto de los guardiacárceles citados en audiencias anteriores.