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Tres ex miembros de la Policía Federal y un ex agente de la SIDE que antes integró la Triple A escucharán hoy su primera sentencia por secuestros, torturas y asesinatos en 1976. Se trata del tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos por grupos de tareas del centro clandestino Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor en la Argentina, que tuvieron por víctimas a militantes del PRT-ERP y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de Uruguay.
Los ex policías Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, juzgados por una privación ilegal de la libertad y un homicidio en septiembre de 1976, intervinieron antes en 190 secuestros en Coordinación Federal (actual Superintendencia de Seguridad Federal) según la investigación del equipo encabezado por el fiscal federal Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky.
José Néstor Ferrer, denunciado por apremios ilegales desde 1970, integraba la Dirección de Inteligencia de esa fuerza. César Alejandro Enciso, miembro de la banda de Aníbal Gordon y autor de innumerables crímenes desde 1973, sólo podrá ser condenado por secuestros de personas que permanecen desaparecidas, en cumplimiento del fallo del Superior Tribunal de Brasil (donde estaba prófugo) que lo extraditó al país.
El Ministerio Público Fiscal pidió penas de reclusión perpetua para los ex policías y de 24 años de reclusión para Enciso. La sentencia del proceso que comenzó en octubre del año pasado la dictarán los jueces Adrián Grünberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer. Los interesados en escuchar el fallo y antes las últimas palabras de los acusados –si es que ejercen ese derecho– deben presentarse a las 9.30 con su DNI en los tribunales de Comodoro Py.
Buenos muchachos
Nerone y Gutiérrez integraron el Departamento de Asuntos Extranjeros (DAE) de la Policía Federal, dedicado a perseguir militantes de países vecinos que en el marco del Cóndor buscaron refugio en la Argentina. “Eran importantes agentes, especializados en organizaciones políticas latinoamericanas y con larga experiencia en la represión, tanto en la faz de inteligencia como operativa”, indicó Ouviña durante el alegato. “No cuentan en sus legajos personales más que con felicitaciones por secuestrar y torturar personas”, destacó. Ambos llegaron a juicio por el secuestro de Victoria Grisonas y el asesinato de Mario Roger Julién Cáceres, miembros del PVP. La organización fue especialmente perseguida por represores de ambos márgenes del Río de la Plata para hacerse con sus fondos de financiamiento, diez millones de dólares cobrados por el rescate de un empresario.
La pareja de uruguayos y sus dos hijos vivían en una casa en Mitre 1390, en San Martín. En la tarde del 26 de septiembre de 1976, fuerzas de Ejército, policías de la Federal y la bonaerense y del Grupo de Tareas 5 de la SIDE cercaron la cuadra, ubicaron a sus francotiradores, cortaron la luz y el teléfono, y se dispusieron a secuestrarlos.
A partir del análisis de legajos de inteligencia, documentos policiales y declaraciones testimoniales, Ouviña probó que los dos policías junto a su compañero Roberto Gómez Mígenes (fallecido) encabezaron el operativo. Grisonas fue sacada de los pelos y torturada en plena calle. A Julién Rogers, de 33 años, lo asesinaron en una casa vecina donde intentó refugiarse. Madre e hijos estuvieron en Orletti al menos hasta el 2 de octubre de 1976. Los niños fueron abandonados en una plaza de Valparaíso, en Chile, a fines de 1977, y fueron recuperados por su abuela. Grisonas está desaparecida. El cuerpo de Julián Rogers no fue encontrado aunque el único certificado de defunción labrado ese día en San Martín es de un hombre de unos 30 años muerto por herida de bala en el mismo lugar y a la misma hora. Fue inhumado en una tumba NN y años después trasladado al osario común.
En la reconstrucción del operativo fueron claves testimonios de vecinos y un sumario de la División Retiros y Pensiones de la Federal para acreditar que una herida de bala en una pierna de Nerone –durante la resistencia de la pareja a sus secuestros– fue por “actos de servicio” ese día y en ese lugar, que terminaron con el “abatimiento de un sedicioso”. Gutiérrez firmó el expediente como parte del procedimiento. “De no ser porque Nerone fue herido, no habría quedado ningún registro oficial del hecho”, explicó Ouviña.
Cuerpos fondeados
José Néstor Ferrer es juzgado por su rol en una operación de contrainteligencia contra miembros del ERP que culminó con el homicidio de cuatro personas, tres vistas en Orletti y otra asesinada en un procedimiento ilegal. La cadena de delitos comenzó el 30 de julio de 1976 con el secuestro de Ricardo Gayá, un militante del ERP que se había infiltrado en la Superintendencia de Seguridad Federal. Gayá fue trasladado a Orletti y torturado con especial saña por sus compañeros de trabajo.
Su pareja Ana María del Carmen Pérez, su hermano Gustavo Gayá junto con su esposa Estela María Moya y su hijo Ernesto –testigo del juicio– pasaron de casa en casa para no ser secuestrados. El 14 de septiembre debían reunirse con el jefe de inteligencia del ERP, Javier Ramón Coccoz (alias teniente Pancho), en un sexto piso de avenida Forest 1010. “Esta noche te vamos a traer a Pancho y a tu hermano”, le anunciaron a Ricardo los secuestradores. Coccoz subió por la escalera hasta el cuarto piso pero al advertir “presencias extrañas” intentó volver sobre sus pasos. Los policías y militares que lo esperaban comenzaron a disparar: unos al departamento, otros a Coccoz, que herido en un brazo se ocultó en un galpón. En la balacera cayó muerta Estela Moya. A Gayá, con la tibia fracturada, lo secuestraron junto a su hijo –luego entregado a los abuelos– y a Ana María, con un embarazo avanzado. Ambos fueron torturados en Orletti.
El 9 de octubre, los hermanos Gayá fueron asesinados con tiros en la cabeza. “A Ana María, en cambio, le dispararon tres veces en el vientre, lo que le ocasionó la muerte por un shock traumático-hemorrágico, al igual que a su hija”, describió Ouviña. Sus cuerpos, en tambores con cal y cemento, fueron fondeados en el canal de San Fernando junto a otras cinco personas. Días después los encontró Prefectura. Fueron enterrados como NN e identificados en 1989 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Ferrer, que ya en 1970 había sido denunciado por apremios, llegó a juicio por el asesinato y los secuestros en calle Forest. Su nombre, como responsable del operativo, figuraba en el expediente de un “Consejo de Guerra” del Ejército. “El expediente no tenía como fin una investigación objetiva sino una explicación pública sobre lo ocurrido, para dar la impresión de que se trató de un operativo legal y evitar que se iniciara una investigación judicial”, explicó Ouviña, según las exhaustivas crónicas del alegato publicadas por el portal Fiscales.org.ar.
Triple A y SIDE
Matón de la UOM en sus orígenes, César Alejandro Enciso participó desde 1973 en los asesinatos de la Triple A. Un año después ingresó en la SIDE y, en 1976, con la banda de Gordon y miembros de la CNU, pasó a torturar en Orletti con los apodos Pino, Polaco o Polaquito. Su afición al crimen organizado se prolongaría por años tras el cierre de Orletti. Enciso llegó a juicio por los homicidios de Gerardo Gatti y Julio César Rodríguez Rodríguez, y las argentinas Manuela Santucho y Cristina Navajas de Santucho. Los cuatro están desaparecidos.
Antes de exiliarse, Gatti presidió en su país el Sindicato de Artes Gráficas, fue uno de los fundadores de la Convención Nacional de Trabajadores de Uruguay, fue dirigente de la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE) y de la Federación Anarquista Uruguaya. En Argentina participó de la constitución del PVP. Fue secuestrado el 9 de junio de 1976 y brutalmente torturado en Orletti, desde donde los represores de la SIDE extorsionaron a sus compañeros en libertad para que entregaran dos millones de dólares a cambio de su vida. Su hija Adriana, embarazada de siete meses, fue secuestrada en abril de 1977. Años después, el EAAF identificó sus restos en el cementerio de la Chacarita. Rodríguez Rodríguez, quien a sus 20 años llegó al país con su esposa y se integró al PVP, fue secuestrado el 15 de junio de 1976 al ingresar en la fábrica donde trabajaba. Previa escala en una comisaría, lo llevaron a Orletti, donde se lo vio por última vez.
Manuela Santucho y su cuñada, casada con Julio Santucho, militaban en el PRT. El 13 de julio de 1976 la patota de Orletti secuestró a Carlos Santucho, también hermano del jefe del PRT. Esa noche secuestraron a las dos mujeres y a su amiga Alicia D’Ambra. “Debido a su pertenencia a la familia Santucho fueron objeto de un particular ensañamiento por parte de quienes los tenían cautivos”, destacó Ouviña antes de repasar torturas físicas y psicológicas. “Manuela fue obligada por sus captores a leer, en voz alta, una crónica relativa a la muerte de su hermano Mario Roberto Santucho”, recordó. Manuela y Cristina, embarazada, fueron vistas por última vez en el Pozo de Banfield, en el marco de un traslado masivo en abril de 1977.
Enciso, que desde los 80 se escondió en Brasil con una identidad falsa, fue detenido en Río de Janeiro a fines de 2010 por un pedido del fiscal Giancarlo Capaldo en la causa del Cóndor que se instruyó en Italia. El Tribunal Superior de Brasil lo extraditó a la Argentina ante un requerimiento del juez federal Daniel Rafecas a condición de que se lo juzgue sólo por secuestros de personas que permanecen desaparecidas, que son delitos permanentes. Brasil no firmó la Convención contra la imprescriptibilidad de los delitos de Lesa Humanidad, por lo que considera prescriptos los asesinatos y las torturas que Enciso cometió hace cuatro décadas al servicio de la SIDE, que encabezaba su suegro, el general Otto Paladino.
