La comunidad indígena de Santa Rosa, en Humahuaca, enfrentó esta mañana un intento de desalojo ordenado por la justicia provincial a partir de un reclamo de una vecina que también pertenece a la comunidad. Denuncian que la medida se sostiene sobre un plano erróneo aprobado por la Dirección de Inmuebles.
En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), Yolanda Soruco, presidenta e integrante de la Comunidad Santa Rosa de Humahuaca, relató la situación que afecta a su familia y al territorio comunitario donde habitan 120 familias: «Nosotros somos 15 hermanos que tenemos familias a cargo, niños, adolescentes y ancianos, nuestra madre».
El litigio deviene de la aprobación del plano N° 0809 por parte de la Dirección de Inmuebles de la Provincia de Jujuy. Según explicó Soruco, dicho trazado fue gestionado por Nélida Melitona Zerpa Ciares de Chauqui –quien también pertenece a la comunidad– junto a su nieto, Mauricio Ciares Chauqui. El plano abarca un sector que sobrepasa e invade los límites históricos del territorio comunitario.
A pesar de que la propia Dirección de Catastro reconoció la equivocación en la delimitación, coincidiendo con las pericias del ingeniero Echeverría, enviado por el juzgado, el plano no fue anulado. La inconsistencia administrativa no se corrigió debido a que la contraparte realizó un movimiento de matrícula previa transferencia del terreno a su nieto.
«Inmuebles aprueba el plano sin hacer la consulta previa, libre e informada que corresponde por tratarse de territorio comunitario, e incluso sin venir a constatar el lugar físico de lo que estaba aprobando», remarcó Yolanda Soruco.
Favores políticos
La orden de desalojo fue librada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Juan Pablo Calderón. Desde la comunidad sostienen que el magistrado se niega a requerir formalmente al Registro Inmobiliario la suspensión del plano, ignorando las pruebas presentadas y los informes de Catastro.
Soruco apuntó directamente contra los vínculos de la contraparte con la gestión pública: el abogado patrocinante de la familia Ciares es Rubén Tabarcachi, actual director de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. «Todo esto son favores políticos; las pruebas están más que claras pero el juez no quiere reconocer el error y manda a ejecutar el desalojo directamente», denunció la comunera.
Afectación de derechos
El operativo desplegado en el territorio cuenta con presencia de efectivos policiales, bomberos y personal municipal. Integrantes de la comunidad denunciaron que la fuerza policial rodeó el perímetro y exige la presentación del DNI para circular internamente, una práctica que compararon con metodologías de la dictadura cívico-militar. Asimismo, cuestionaron el accionar de la jueza de Paz, Fabiola Salas, por vulnerar las garantías de los niños y adultos mayores presentes.
«Están vulnerados todos los derechos, los de los niños, porque tampoco tenemos ninguna autoridad que venga a resguardar a los niños», reveló la comunera.
Frente al despliegue, diversas comunidades originarias de la zona se movilizaron hasta el lugar para respaldar a la familia afectada. Al constituirse la comunidad como un tercero afectado en el expediente judicial, ratificaron que defenderán la integridad de sus tierras respaldándose en los derechos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
«No pueden hacer el desalojo porque la comunidad se presenta como tercero, y si lo hacen acá nos tenemos que defender y llegar a las últimas consecuencias, porque esto es terreno comunitario. Nosotros somos reconocidos por la Constitución Nacional, somos reconocidos ancestralmente en el territorio. Si lo hacen, vamos a ver hasta dónde llegamos», advirtió Soruco.
