Por Claudio Gareca (Consultor Político) en coautoría con Facundo Guzmán. El accionar reciente del Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Estados Unidos no puede leerse sólo como una política administrativa de control migratorio. Se trata de una estrategia política deliberada, donde seguridad, poder y comunicación se combinan de manera explícita.
Las redadas en estados gobernados por el Partido Demócrata, como Minnesota, las detenciones de niños, los operativos en escuelas e iglesias y la ampliación de facultades para detener sin orden judicial configuran un patrón claro: la migración deja de ser tratada como fenómeno social y pasa a ser construida como amenaza política.
Desde una lógica realista, el Estado refuerza soberanía y control. Desde una lógica populista, el conflicto se vuelve performativo: se necesita un “otro” visible para disciplinar, polarizar y consolidar liderazgo.
ICE funciona, así como instrumento operativo, pero también como símbolo. No es casual que los despliegues más duros se concentren en territorios opositores, donde el costo político es menor y el rédito simbólico mayor. Allí, la coerción ordena el relato, provoca a gobiernos locales y mantiene la agenda migratoria en el centro del debate.
El problema ya no es solo migratorio. Es institucional. Cuando la seguridad reemplaza al Estado de Derecho y la ley se aplica de manera selectiva, la frontera entre legalidad y legitimidad comienza a erosionarse.