Por Adriana Meyer*. Primero fue la identificación colectiva; luego fueron apareciendo las denuncias penales en Comodoro Py contra el policía de civil que apuntó a quienes protestaban contra el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad, el pasado jueves en el Congreso. Con total impunidad, apuntó una escopeta táctica cargada con postas de goma, munición calificada de “baja letalidad”, pero andá a contarle eso a Pablo Grillo o a su colega, la fotoperiodista que el jueves sufrió un hematoma craneal y quedó internada en el hospital Argerich y que ayer fue dada de alta.
Ese efectivo resultó ser el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, fotografiado durante el operativo represivo que causó 1500 heridos y casi 30 personas detenidas, quienes seguirán imputadas del combo ‘atentado y resistencia a la autoridad’, pero ya recuperaron la libertad. La ministra Alejandra Monteoliva, en tanto, justificó al comisario al sostener que: “Era un perdigón de estruendo, sale ruido”, dijo.
La presencia de policías de civil había sido prohibida durante la gestión de Nilda Garré en Seguridad, pero fue una de las primeras disposiciones que levantó Patricia Bullrich, exministra del área con Mauricio Macri y con Javier Milei, cuyos funcionarios ya salieron a justificar a Gauna.
“Era un perdigón de estruendo, sale ruido”, justificó la ministra Monteoliva al ser consultada, pero dudó sobre el rango de Gauna y el arma en cuestión. “La gente de Investigaciones está de civil. Deben colgar la placa. Generalmente, el jefe de Investigaciones está de civil con su placa. No tengo claro si es comisario o subcomisario. Es probable que haya tenido su placa colgada…”, dijo la ministra ante una consulta periodística en una convención en Córdoba.
La funcionaria libertaria cargó contra los manifestantes al señalarlos como instigadores de la represión. “Quisiera entender el momento en que un manifestante va con una masa y un martillo. No creo que venga de laburar”, dijo.
Durante más de seis horas, cuatro fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación multitudinaria en la zona del Congreso en rechazo al proyecto que se trataba en el recinto de la Cámara alta, mientras el resto del país se movilizó sin tener que enfrentar la violencia policial y el gobierno nacional acusaba a los detenidos por atentado contra el orden constitucional y actos de terrorismo. En ese contexto, Gauna, al frente de la Dirección General de Organizaciones Criminales, se expuso como parte de los pelotones que dispararon balas de goma y gases incluso hasta pocas cuadras antes de la Casa Rosada, sobre avenida de Mayo. Eran las 15.30, en el inicio de la represión.
Al final de la larguísima tarde de tormenta, varias personas mostraron las heridas en sus rostros por los balazos de goma, al tiempo que la defensa de los detenidos era asumida por la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, cuyos abogados consignaron que todos y todas fueron golpeados.
Denunciados
Además de los manifestantes, y al menos dos personas en situación de calle que fueron criminalizadas, Gauna y su jefa, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, también podrían enfrentar una grave acusación, según la denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón, quien lo acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, además de vejaciones o apremios ilegales, caída en manos de la jueza federal María Servini y del fiscal federal Carlos Rívolo.
“No denunciamos una foto, denunciamos un hecho de enorme gravedad institucional. Un comisario inspector de la Policía Federal aparece vestido de civil, sin identificación visible y efectuando disparos con un arma larga durante una manifestación frente al Congreso –detalló Dalbón a Página/12–. Denunciamos a Gustavo Gauna, pero también a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, porque la investigación debe reconstruir toda la cadena de mando: qué arma y munición se utilizó, quién autorizó esa modalidad de actuación y quién impartió las órdenes. La responsabilidad penal no necesariamente termina en quien dispara: puede alcanzar también a quien ordena, autoriza o tolera un uso ilegal de la fuerza. En democracia, nadie está por encima de la ley.”
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) incluye a Gauna en la ampliación de la denuncia que presentó el pasado viernes por “el despliegue represivo, el uso desproporcionado de la fuerza –más de 100 granadas de gas lacrimógeno, 4 hidrantes, cientos de postas de goma y disparos de balas con gas pimienta con byrna y gas pimienta–; la irresponsabilidad de los vehículos policiales en contramano por 9 de Julio y avenida de Mayo, disparar sobre autos y micros y disparar gases en medio de una tormenta, un agravante porque la presión baja genera que los gases no se dispersen”, tal como explicó a Página/12 Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM. Esta denuncia recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, al igual que la de Monteoliva contra los manifestantes.
En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón, a través de la foto viralizada el domingo 9 en redes sociales, denunció a Gauna como quien “fue visto portando un arma, sin uniforme reglamentario, durante los choques entre policías y manifestantes”. La ministra Monteoliva también fue llamada al Congreso a partir de la citación solicitada por Paulón. “La ministra debe dar explicaciones en Diputados y renunciar”, dijo el legislador.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacaron que “las imágenes de la represión del 6 de agosto muestran un operativo que puso en riesgo la vida, la salud y la integridad de quienes se manifiestan. El Estado convirtió la protesta en un escenario de violencia policial. Protestar, hacerse escuchar, peticionar, son derechos”, al mismo tiempo que marcó las normas que violó Gauna al participar del procedimiento sin uniforme ni identificación. Además, expusieron en su cuenta de X que “la escopeta que apunta puede cargar plomo, prohibido contra la protesta”.
Identificación colectiva
Una fuente de la redacción de La Izquierda Diario (LID) comentó a Página/12 que la publicación del domingo 9 que identificó a Gauna como el policía de civil que apuntó a la gente fue una reconstrucción colectiva. “Como parte de la cobertura de los hechos del jueves accedimos a fotos tomadas por reporteros como Kaloian Santos, Martín Vega y Susi Maresca. Al cotejar las imágenes con otras de archivo y ver que se trataba de la misma persona, consultamos a varias fuentes y dimos con el nombre del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales”, expresó el colega consultado.
“Quisimos tener la confirmación del Ministerio, pero nos dijeron que ‘todavía no tienen el listado de efectivos que participaron del operativo’. Con el correr de las horas se empezaron a publicar fotos de Gauna en otros operativos”, agregó.
LID fue publicando las apariciones públicas de Gauna, y afirmó que “fue mano derecha de Bullrich en casos como el niño que desapareció forzosamente Loan Peña y en la investigación del crimen de Lucas González a manos de la Policía porteña”. Desde su redacción expresaron que “el hecho de que haya disparado sin importarle que se lo estaba filmando y fotografiando demuestra el nivel de impunidad. Es la ministra Monteoliva la que tiene que explicar no solo quién es y por qué estaba ahí ese miembro de la fuerza, sino cuántos más había de civil, disparando o bien haciendo espionaje entre los manifestantes”.
Además, una de las primeras figuras públicas en identificar a Gauna fue Lucas Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y militante del PTS-FIT, en sus redes sociales.
Gauna llegó a ser testigo en el juicio contra los policías de la Ciudad que asesinaron al joven futbolista González, algo que ponderó el abogado que ahora lo denunció, Gregorio Dalbón. “Me preguntaron cómo puede ser que el mismo Gustavo Gauna que tuvo una actuación correcta y valiosa en el juicio por Lucas González aparezca hoy, vestido de civil y armado, frente al Congreso. Hay una diferencia: el contexto político. En aquel momento, bajo un gobierno peronista, Gauna declaró ante la Justicia y contribuyó al esclarecimiento de un gravísimo caso de violencia institucional. El 6 de agosto, bajo un gobierno de derecha que ha convertido la respuesta policial a la protesta en una herramienta recurrente de su política de seguridad, aparece del otro lado de la escena. No sé todavía qué orden recibió Gauna ni quién se la dio. Precisamente por eso lo denuncié junto con la ministra Monteoliva y pedí que se reconstruya toda la cadena de mando”, escribió el letrado en su cuenta de X.
Por otra parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires publicó: “Con mucha felicidad queremos informar que Patri fue dada de alta hace minutos. Tras cuatro días de internación en el Hospital Argerich, los médicos determinaron que puede seguir su recuperación en su casa, ya que la evolución de la fractura y el hematoma craneal es muy positiva. Además, deberá continuar haciéndose estudios en el oído izquierdo, que también quedó afectado por el golpe en la cabeza”. En la esquina de Lima y avenida de Mayo, los primeros auxilios a la profesional fueron practicados por una médica de la CPM, un grupo que fue alcanzado por la misma ráfaga de disparos.
Respaldo oficial
Al menos en algo es coherente el gobierno: en todos los estamentos califican a quienes protestan como “terroristas”, la palabra de moda. En tal sentido, la exministra Bullrich dejó el terreno bien preparado para el recrudecimiento de la represión a la protesta social. Así como armó un sector especial en la cárcel de Ezeiza para detenidos de “alto riesgo”, a quienes directamente se les suspenden sus derechos, también consolidó el famoso Comando Unificado. Este habría solicitado “a las fuerzas federales la composición de grupos de operaciones de infantería, que son los que se ven detrás de las vallas, que también aportan brigadas de civil; la mitad de ellas usan camperas como las que se vieron frente al Congreso”, explicaron fuentes oficiales relacionadas con las fuerzas que participaron del operativo a La Nación.
Sobre Gauna, agregaron “que tiene 35 años de servicio” en la Policía Federal, “los que están de civil cumplen tareas de observación para ver cuáles son los grupos de choque que enfrentan y que generan disturbios con palos, piedras o que producen incendios. Allí es cuando intervienen”, detallaron.
Civiles armados
A nadie que haya ejercido el derecho a protestar le es ajena la permanente presencia de policías de civil, en general comisarios, jefes de operativos o agentes destinados a infiltrar. Sin embargo, la imagen de Gauna –con su sobretodo y su bufanda, el Congreso de fondo y apuntando a la multitud– removió los más oscuros recuerdos sobre tiempos de suspensión del estado de derecho por gobiernos de facto y, antes aún, circulación de patotas parapoliciales.
“Había una resolución de Garré que prohibía la presencia de policías de civil en manifestaciones, y aunque nunca fue cumplida, al menos servía para determinar responsabilidades ulteriores. Pero Bullrich directamente la derogó”, comentó a Página/12 la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
“Que no esté prohibido no lo hace legal: exigimos junto a todas las organizaciones que se investigue el operativo de represión del 06/08 y especialmente a los agentes de civil. Luchar no es delito, basta de represión. Libertad a Milton (Tolomeo) y a Eneas (Gallo)”, posteó la agrupación antirrepresiva en IG.
Así, en futuras movilizaciones, los manifestantes volverán a toparse con los Gauna de la vida. Que tal actitud de impunidad no se consolide depende ahora de la justicia federal. O más bien como pregona el gobierno, el que las hace las paga.
* En Página/12