Imputados por el Jujeñazo denuncian un ‘mamarracho jurídico’ y buscan suspender el juicio 

A las puertas del inicio del juicio oral, fijado para el 26 de octubre, referentes sociales, sindicales, de derechos humanos y abogados defensores de los 19 imputados por las protestas de junio de 2023 contra la reforma constitucional elevaron un reclamo unánime: la suspensión inmediata del proceso judicial. Calificado por las defensas como un «mamarracho jurídico», denuncian graves irregularidades, parcialidad de los magistrados y un claro objetivo de disciplinamiento social y político.

En conferencia de prensa, acompañados por representantes de comunidades originarias como Caspalá y Ocloyas, los referentes expusieron las anomalías de un expediente en el que se imputa a los manifestantes por los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y delitos contra la administración pública.

‘Buscan el disciplinamiento popular’

Iván Blacutt, docente de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) e integrante de Izquierda Socialista, remarcó en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) que la causa está viciada desde sus orígenes. En particular, mencionó el caso de los policías denunciantes: «Uno de los comisarios que nos acusa estaba en otra causa por abuso de autoridad, con otros policías, por haber dañado a un trabajador municipal y haberle quebrado la cabeza. Todos ellos fueron absueltos y resulta que son los mismos que nos denuncian a nosotros».

Por otro lado, se refirió a la acusación del delito de lesiones: «Es una situación ridícula: nos acusan de haber golpeado a una enorme cantidad de policías que estaban armados con escudos y cascos».

Blacutt también apuntó al rol del juez de la causa: «El juez Nino Fernández es la figurita repetida del gobierno; eleva a juicio a todo el que lucha».

Otra de las irregularidades que denunciaron los imputados y sus representantes legales es que no se les permitió incorporar pruebas al expediente. «No nos permiten presentar pruebas, como el informe de la Comisión Nacional e Internacional de Derechos Humanos sobre la violencia que hubo ese día. Y ellos presentan videos de cámaras particulares para acusarnos, pero a nosotros solo nos permiten presentar fotos, es decir, escenas recortadas», precisó el docente.

Respecto al trasfondo de las imputaciones, Blacutt vinculó el proceso judicial con la coyuntura política y económica de la provincia: «Lo que quieren, en pocas palabras, es el disciplinamiento popular, que la gente no salga a las calles. Esto se da en un contexto de avance sobre las tierras de las comunidades originarias y ante el anuncio de elecciones anticipadas. Necesitan allanar el camino para que no haya protestas frente a una política salarial que ofrece un 2% en minicuotas a los trabajadores estatales».

Por su parte, Gonzalo Marino, del movimiento Nuestramérica —quien junto a sus compañeros Martín Abad y Luis Salazar se encuentra imputado—, coincidió en la falsedad de las acusaciones: «Es absurdo. En el relato del delito me ubican empezando en la Legislatura y terminando en Moreno. Me acusan de tirar piedras y lesionar policías, algo improbable. A otro compañero lo acusan de ingresar a la Legislatura cuando las cámaras muestran que estaba en otro lugar, y a otro de quemar autos en los que tampoco estuvo», detalló a El Submarino Radio.

A pesar de la persecución, Marino reafirmó el compromiso del sector: «Haber estado presente en el Jujeñazo nos hace poner felices por haber sido parte de una lucha del pueblo. Sabemos que no hicimos nada malo y seguimos sosteniendo la misma bandera».

El Submarino Jujuy en Google Noticias

Los recursos pendientes

La abogada defensora Mariana Vargas confirmó que la estrategia central de las defensas apunta a frenar el inicio del debate oral. Para lograrlo, aguardan que tanto la Corte Suprema de la Nación como el Máximo Tribunal de la provincia resuelvan dos recursos clave que aún se encuentran pendientes. Estas presentaciones cuestionan abiertamente la parcialidad del juez Rodolfo Fernández y la falta de legitimidad en el accionar de las fuerzas policiales durante las jornadas de protesta de junio de 2023.

Entre las principales anomalías del expediente, Vargas remarcó la arbitrariedad del juez Fernández, quien llegó a considerar la abstención de declarar de uno de los imputados como un indicio de culpabilidad, vulnerando garantías constitucionales básicas. A esto se suma el rechazo sistemático de las pruebas ofrecidas por los abogados defensores, como registros en video que contradicen de forma directa las acusaciones fiscales.

La letrada mencionó el caso de Santiago Zamora, imputado por el delito de daños. A pesar de que los registros fílmicos muestran con claridad que Zamora intentaba proteger un vehículo para evitar que fuera incendiado por supuestos infiltrados, la justicia desestimó el material audiovisual y mantuvo la acusación.

Del mismo modo, la causa incluye imputaciones a trabajadores ambulantes basadas en fotografías donde ni siquiera figura la persona acusada, evidencia de los graves errores de identificación que contiene el expediente.

«Nuestro objetivo es que no se haga el juicio, que no inicie, porque tenemos dos trámites pendientes. Hay una barbaridad jurídica, este juicio es un mamarracho», aseveró Vargas, y contrapuso esta velocidad punitiva contra manifestantes al archivo o la resolución benigna de causas que involucran a funcionarios o casos de violencia institucional.

Plan de lucha en las calles

Frente a la inminencia de las fechas, las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos pusieron en marcha un plan de acción que incluye una campaña de recolección digital de adhesiones para exigir la suspensión del debate oral.

También habrá expresiones en la Ciudad de Buenos Aires, con una manifestación frente a la Casa de Jujuy y la presencia del reclamo en la tradicional ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo.

En Jujuy, van a realizar acciones de difusión en plazas de la provincia y participarán en la Marcha de la Bronca convocada por sectores de izquierda para el sábado próximo en rechazo a las imputaciones, los aumentos de tarifas y la situación social de la provincia.