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Flybondi, la aerolínea low cost con base en la Argentina, recibió una imputación por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y se expone a multas millonarias por cancelaciones de vuelo, falta de respuestas y por dejar varados a miles de pasajeros. Desde la empresa acusan al organismo provincial de no ser “competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica”.
Según la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, Flybondi se encuentra entre las 10 empresas más denunciadas por los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que han volcado numerosas denuncias y quejas por incumplimiento de servicio a la aerolínea con sede en el Aeroparque Jorge Newbery.
A causa de esta situación, Flybondi se expone a posible multas de 1.000 millones de pesos por presuntas infracciones a la Ley N° 24.240 de Defensa al Consumidor: el Gobierno de Axel Kicillof ya lo notificó de esta situación y desde la aerolínea se defendieron.
“Flybondi rechaza categóricamente la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor”, destacó en un comunicado.
Desde la Dirección Provincial bonaerense explicaron que “resulta muy difícil y a menudo imposible comunicarse con la firma, por lo que las y los consumidores no logran obtener una respuesta para hacer valer sus derechos, ya sea optando por una reprogramación o por el valor de reintegro del ticket o de los gastos generados por la cancelación”.
La respuesta
Flybondi rechazó «categóricamente» la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
La compañía aclaró que «la Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos recientes».
«La industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los Tribunales Federales», precisaron.
Y agregaron que la empresa «siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados por la compañía. Brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable».
