Esta mañana Milagro Sala fue trasladada desde la casa de El Carmen donde cumple una prisión domiciliaria especial hasta el despacho del juez Pablo Pullen Llermanos a conocer imputación por el delito de «cohecho activo, destrucción de instrumento público y destrucción de elemento de prueba, según detalló el magistrado. Se trata de la desaparición de un expediente ocurrida en el año 2009. La dirigente social hizo uso del derecho a no declarar pues no tiene conocimiento del contenido de la causa, explicó su abogado, Luis Paz, quien la representa en esta causa junto a Paula Álvarez Carreras.
«El sábado 24 de marzo, llamativamente en el Día de la Memoria, Milagro fue notificada de una nueva causa iniciada en el juzgado residual, y vino a cumplir el acto de designación de abogado defensor y la declaración indagatoria», precisó Paz, y agregó: «Se abstuvo de declarar porque no conocemos el expediente y hemos solicitado el franqueo de las actuaciones, así que esperamos que en la semana próxima podamos comenzar a ejercer la defensa técnica en esta nueva causa que da inicio el Poder Judicial en la provincia de Jujuy a la parlamentaria del Mercosur Milagro Sala».
En la misma causa está imputado el abogado Alberto Bellido y un empleado del Poder Judicial cuya identidad no se dio a conoceer.
El letrado se negó a dar más precisiones sobre el expediente en cuestión. Si bien en algunos medios se afirmó que se trata de documentos vinculados con la causa por la balacera en Barrio Azopardo, en la que Sala está acusada de tentativa de homicidio, Paz aclaró: «No tengo elementos ni información sobre eso. La causa por la balacera está radicada en un tribunal de juicio, y entiendo que próximamente podríamos tener novedades sobre eso, aunque el Poder Judicial de la provincia muchas veces incurre en demoras injustificadas».
En este sentido, agregó: «No entendemos por qué no tenemos plazos para ventilar estas causas en juicios orales y públicos», e interpretó: «Me parece que la detención de Milagro y estos procesos judiciales nuevamente le está sirviendo al gobernador para tratar de tapar la gran cantidad de problemas económicos, financieros y de falta de trabajo que tiene la provincia».
Sobre los otros procesos que enfrenta Sala, Paz aclaró que la detención está referida a la causa Pibes Villeros, la de la balacera y la llamada megacausa. En todas estas, está ratificada y prorrogada la prisión preventiva, por haber pasado ya más de dos años privada de su libertad. «El Estado nacional y el Poder Judicial sin ninguna duda siguen incumpliendo con la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó la libertad de Milagro», afirmó.
Respecto de las demoras en el curso de las investigaciones y a elevación a juicio, recordó que son decenas de imputados, sobre todo en las causas Pibes Villeros y megacausa. «Son procesos largos, pero hay una alta responsabilidad del Poder Judicial de la provincia de Jujuy y una altísima responsabilidad del Superior Tribunal, que siguiendo las órdenes del gobernador Morales hacen que estos proceso se demoren y la ciudadanía esté expectante de situaciones que hoy por hoy ya se están viendo como injustas», señaló.
Sobre la causa por la balacera, confirmó que ya fue elevada a juicio, por lo que debería haber fecha de inicio del proceso oral y público. «La sala tercera ya debería haber fijado la fecha de juicio, la constitución de jueces y los fiscales, porque ahora hay una nueva manera de designar fiscales especiales de los juicios, así como se han designado tribunales especiales», remarcó.
«Reitero que la responsabilidad del Poder Judicial es altísima en este sentido -continuó-, y la sociedad tiene que advertir esta situación, porque desde la Asamblea del año 1813 está prohibida la constitución de tribunales especiales en la República Argentina, según dicta la Constitución Nacional, pero sin embargo en la provincia de Jujuy se arman tribunales especiales para perseguir a Milagro Sala y las organizaciones sociales».
Consultado sobre la acusación en su contra por amenazas, Paz explicó: «La causa fue sobreseída por la justicia y luego apelada por la fiscalía; la Cámara de Apelación ordenó nuevas medidas probatorias y ahora están tomando testimonios al juez Pullen y al fiscal Cussel, evidentemente con un ánimo persecutorio, intentando acallar el ejercicio legal de esta defensa».
«Yo quiero llamar a los colegas, al Colegio de Abogados, que ya tiene noticias de esta situación, porque como en épocas pretéritas nuevamente se está persiguiendo a los defensores de derechos humanos, a los defensores de miembros de organizaciones sociales. En mi caso particular, hay una clara insistencia en avanzar hacia un juicio en una causa en la que ya he sido sobreseído; sin embargo el Ministerio Público de la Acusación insiste, cuando tiene tantas cosas para hacer, tantas deudas pendientes, como el caso por la muerte de Matías Puca o la extorsión de Raúl García Goyena a un colega de ustedes».