Funcionarios y empleados municipales llegaron a la zona para hacer cumplir la directiva del intendente Raúl Jorge: levantar los puestos de venta de ropa a las cinco de la tarde. Pero hubo resistencia, reproches, empujones y finalmente, golpes.
El funcionario de Control Comercial Bruno Jerez recibió un golpe en la cabeza con un elemento contudente que le lanzaron. Una vendedora ambulante embarazada también fue golpeada.
Intervino la policía, calmó los ánimos y se llevó a Jerez en un patrullero para que hiciera la denuncia en la Seccional 1ra.
Una referente de los vendedores que se ubican sobre calle Iguazú denunció: “Vinieron a golpearnos, a desalojar con violencia a las mujeres que estaban trabajando junto a sus hijos”.
El secretario de Gobierno del municipio, Gastón Millón, justificó la decisión de ponerle un límite horario a la venta de ropa usada alegando que «la gran mayoría es de contrabando y está prohibida por ordenanza”.
«Estabámos teniendo diálogo, pero antes del fin de semana los ambulantes finalizaron con la charla, aduciendo que el municipio no tiene derecho para sacarlos de la calle, ni ponerles horarios ni determinar qué pueden vender”, relató Millón, y agregó que ahora espera que actúe la justicia.
Los incidentes entre vendedores ambulantes y funcionarios se vienen reiterando desde que la Muni de San Salvador de Jujuy implementó el Programa de Recuperación de los Espacios Públicos, que consiste casi exclusivamente en erradicar la venta callejera. A cambio, ofrecen otras locaciones en la parte sur de la ciudad, pero los vendedores rechazan la reubicación porque dicen, razonablemente, que por allí pasa mucha menos gente.
Los ambulantes expresaron en varias oportunidades su intención de permanecer en la zona, reubicándose en el Paseo de las Flores o en las instalaciones de la exterminal, en los locales y espacios cubiertos que quedaron ociosos. Pero el municipio rechaza esa posibilidad.
En tanto, en la Legislatura hay un proyecto del diputado del Partido por la Soberanía Popular (PSP), Juan Manuel Esquivel, que recoge la propuesta de los vendedores y establece el mecanismo para que se instalen los trabajadores de la economía popular en ese predio, donde ahora solo funcionan el Same y una oficina del Registro Civil.
Apoyo ejecutivo
Por su parte, en un parte de prensa, el gobierno de la Provincia repudió «enérgicamente los actos de violencia que sufrió un funcionario municipal en inmediaciones de la Vieja Terminal, mientras cumplía con sus obligaciones laborales».
«A raíz de este suceso, el Gobierno de la provincia hace votos para que este hecho se esclarezca, y el o los agresores sean identificados y puestos a disposición de la justicia, y al mismo tiempo se privilegie un nuevo espacio de diálogo», señala el comunicado.