La Justicia Federal declaró inconstitucional la resolución del Gobierno nacional que había derogado la obligación de las empresas de informar sus estructuras de precios y costos. La medida judicial frena el esquema de desregulación dispuesto por la Secretaría de Comercio y reactiva los mecanismos de control e inspección sobre la cadena de comercialización de bienes e insumos.
El fallo dejó sin efecto la norma dictada por el Poder Ejecutivo al considerar que la eliminación de los regímenes informativos atenta contra los derechos de los consumidores a contar con información transparente y limita la capacidad del Estado para detectar maniobras de especulación o abusos de posición dominante en el mercado.
Los argumentos del fallo y el impacto en los controles
La resolución judicial remarcó que las herramientas de reporte periódico no constituyen un congelamiento ni un control directo sobre los valores de venta, sino un instrumento indispensable para garantizar la trazabilidad de los costos en sectores clave de la economía nacional.
Con este pronunciamiento, los organismos reguladores quedan nuevamente facultados para requerir la presentación de datos a grandes empresas, supermercados y cadenas de distribución. La medida reabre el debate en torno al alcance de la intervención estatal en la economía y la fiscalización del abastecimiento de productos esenciales.
