Fue un domingo de malestar y enojo en diversos sectores de la sociedad de Jujuy al conocerse el decreto N° 8464 del Poder Ejecutivo provincial, firmado por el gobernador Gerardo Morales, que profundiza sus políticas punitivas y represivas.
En la normativa, prácticamente quedan prohibidos los reclamos y manifestaciones y manda a repeler toda acción de protesta, ya sea en forma individual o grupal.
Además, impone fuertes multas y amenaza con cesantear a cualquier trabajador del Estado que se manifieste en contra del gobierno y prevé sanciones por dos años cuando la persona cumpla tareas legislativas.
Durante toda la jornada dominguera, las redes sociales explotaron contra el instrumento legal que fue publicado en el Boletín Oficial el viernes último, el día que se realizó una histórica y multitudinaria marcha de antorchas encabezada por los docentes de todos los niveles y todos los sectores educativos y acompañada por la ciudadanía.
El decreto dice: «Serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
“En estos casos -continúa-, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Cuando los protagonistas hicieren caso omiso a dicha intimación, el representante del Departamento Contravencional, los intimará para que de inmediato procedan a dispersarse, restablecer el orden, la normal circulación vehicular y peatonal”.
En el decreto se plantea que quienes no obedezcan esa orden quedarán “bajo expreso apercibimiento de dar intervención directa a la justicia penal, sin perjuicio de la formación de causas contravencionales a las personas humanas, jurídicas, ideales y/o cualquier tipo de organizaciones, tengan o no personería jurídica, que hayan intervenido o propiciado el hecho».
Con el decreto, el gobierno busca disolver el plan de lucha iniciado por los docentes, al que adhieren el resto de los gremios estatales. A los reclamos salariales y de condiciones de trabajo, se sumó el rechazo generalizado a la reforma constitucional.
Además de la aplicación de multas, sanciones contravencionales y denuncias penales, el decreto establece «como agravante de la pena prevista en los párrafos anteriores, corresponderá la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta dos (2) años, cuando el contraventor fuere un funcionario nacional, provincial o municipal. Igualmente, para el caso que el contraventor fuere empleado público, además de la multa aplicable y su efectivización a través de sistemas de detracción, la contravención será considerada falta grave, que, en caso de reincidencia, constituirá causa suficiente de cesantía».
Con la nueva normativa, el gobierno de Jujuy viola los derechos y garantías consagrados en la constitución provincial y nacional, y Tratados Internacionales que el Estado Argentino ha incorporado en su ordenamiento jurídico, referidos a la libertad y al derecho a la protesta, amenazando a los trabajadores con dejarlos sin trabajo en caso de que reclamen.