Informe apoyado por la ONU acusa a policía colombiana de matar a 10 manifestantes en 2020

La policía colombiana reprimió con «violencia desproporcionada» a manifestantes que protestaron en Bogotá durante el estallido social de 2020 tras la muerte de un taxista a manos de agentes y causó una «masacre» que dejó 14 muertos, 10 de ellos provocados directamente por el accionar policial, según una investigación apoyada por la ONU.

Un informe con el resultado de la investigación independiente fue entregado a la alcaldesa de Bogotá, quien había pedido la pesquisa y que ha acusado al presidente del país, el conservador Iván Duque, de negarse a reconocer los abusos en la represión de las protestas, que estaban dirigidas contra las políticas de su gobierno.

La mandataria, del opositor partido Alianza Verde, clamó «justicia», pidió perdón «por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera» y exhortó a Duque a atender las recomendaciones del informe y reconocer que hubo una «masacre cometida por miembros de la policía».

El 9 y 10 de septiembre de 2020, multitudes se volcaron hacia comisarías barriales de Bogotá y del aledaño municipio de Soacha a raíz de la muerte de un taxista de 43 años, Javier Ordóñez, a manos de dos uniformados que lo detuvieron cuando estaba bebiendo en la vereda y lo sometieron a un brutal castigo que quedó grabado en celulares.

Manifestantes incendiaron 17 comisarías de Bogotá, secuestraron un colectivo y usaron armas de fuego, según el Gobierno municipal.

El informe es el resultado de una investigación académica y extrajudicial que complementa la labor de autoridades judiciales y disciplinarias liderada por el exdefensor del Pueblo Carlos Negret y siete investigadores, contratados a través del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD).

«La policía nacional actuó con violencia desproporcionada contra los jóvenes que protestaban en sectores populares y se ensañó con la gente más pobre de esta ciudad, creyendo que por esto los podían matar, herir y que hacerlo no tendría consecuencia alguna», reprochó Negret, abogado especializado en derechos humanos.

Ordóñez fue rematado en una sede policial y uno de los asesinos recibió una condena de 20 años de prisión.

Durante las denominadas «noches de terror» que siguieron a su muerte, la policía «reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad» y «su actuación causó una masacre», expuso Negret, conmovido durante la exposición del informe.

Catorce personas murieron violentamente, 11 de la cuales, entre ellas Ordóñez, por el uso ilícito de la fuerza de efectivos policiales, según el informe.

Otras tres personas murieron durante el secuestro de un colectivo por manifestantes y por disparos de armas de fuego por parte de civiles durante las protestas, de acuerdo a la investigación.

También resultaron heridos 300 civiles y 216 uniformados, 75 de ellos por armas de fuego, agregaron los investigadores.

El 7 de octubre, un informe internacional advirtió que la Policía colombiana dio un «tratamiento de guerra» a las protestas.

El perfil de los muertos dejó ver una «criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública, que carecía de formación profesional, eran trabajadores informales con ingresos menores al salario mínimo (13 casos) y tenían entre 17 y 27 años (10), añadió Negret.

El informe es «doloroso hasta el alma, pero necesario para salvaguardar y recomponer nuestra democracia», lamentó entre lágrimas la alcaldesa de Bogotá durante el acto de presentación, según describieron las agencias de noticias AFP y Europa Press.

Negret concluyó también que la «subordinación de la policía a las autoridades civiles es una ficción constitucional», pues no obedecen a alcaldes ni gobernadores.

En los últimos tres años, Colombia ha enfrentado inéditas protestas masivas, la mayoría convocadas contra las políticas gubernamentales.

La ONU, gobiernos y ONG internacionales denunciaron los abusos policiales durante el prolongado estallido social.

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