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El gobierno del presidente ultraderechista de Jair Bolsonaro implementó en cinco meses medidas que amenazan los derechos humanos en Brasil, como la flexibilización de la portación de armas, e impulsó una retórica que pone en riesgo a comunidades indígenas y las ONG, denunció Amnistía Internacional (AI).
«Lamentablemente, la retórica contraria a los derechos humanos se está transformando en política oficial», dijo en rueda de prensa en Brasilia Jurema Werneck, directora ejecutiva de AI en Brasil.
El informe «Brasil para el mundo», presentado este martes, expresa las preocupaciones de AI tras la llegada al poder en enero de Bolsonaro, un excapitán del Ejército que a lo largo de su carrera expresó posiciones polémicas como la defensa de tortura de opositores durante la dictadura militar (1964-1985).
En concreto, centraron sus inquietudes en torno a ocho temas que incluyen la flexibilización de la tenencia y portación de armas, el paquete de leyes anticrimen del gobierno Bolsonaro pendiente de aprobación, la política de control de drogas, la demarcación de territorios indígenas y quilombolas (comunidades formadas por exesclavos fugitivos), la retórica sobre derechos humanos y la libertad de expresión.
Según AI, la flexibilización de la tenencia y el porte de armas, impulsadas mediante ordenanzas presidenciales, «pueden contribuir al aumento del número de homicidios» en un país que en 2017 registró poco menos de 64.000 asesinatos, casi 31 por cada 100.000 habitantes.
Esa tasa representa el triple del nivel considerado por la ONU como de violencia endémica.
AI también denuncia que el paquete de leyes anticrimen presentado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Sérgio Moro, pretende «legitimar una política de seguridad pública basada en el uso de la fuerza letal», afirmó Werneck.
Ese proyecto prevé habilitar a jueces a reducir las penas -o incluso absolver- a policías que, actuando en legítima defensa, hayan tenido una reacción excesiva debido al «miedo, la sorpresa o una emoción violenta».
Amnistía advirtió además del peligro que corren las comunidades indígenas y quilombolas, en un gobierno que se manifiesta contrario a la demarcación de nuevas tierras, en discrepancia con lo establecido por la Constitución brasileña. «Demandamos que el gobierno federal cumpla su deber de proteger a estas poblaciones vulnerables ya en riesgo», señaló Werneck.
La responsable dijo que la delegación de AI pidió una audiencia con Bolsonaro, pero que el presidente respondió que no la recibiría y le aconsejó dirigirse a la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, con quien podría entrevistarse en los próximos días.
Sin embargo, la organización pidió en una carta abierta al mandatario revocar las resoluciones que considera amenazan los derechos y recomendó abrir el diálogo con las organizaciones civiles que defienden estos derechos.
