Entre el 21 y el 25 de agosto, ocho organizaciones de derechos humanos y ambientales recorrieron la provincia y escucharon testimonios de víctimas de violencia institucional, a partir de los cuales elaboraron un informe preliminar donde se detallan las violaciones a los derechos humanos en Jujuy.
En los próximos días se van a reunir con autoridades nacionales y con referentes del Tercer Malón de la Paz que este martes cumple cuatro semanas de permanencia en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales.
La Misión de Observación Internacional está integrada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH); la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Pan para el Mundo (PPM); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx); International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA); el Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC); el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y Movement Law Lab (MLL).
Toda la información recogida durante la visita a Jujuy está siendo procesada para volcarla luego en un informe sobre los hallazgos «de la compleja realidad de derechos humanos en la provincia». En tanto, difundieron un escrito en el que adelantan observaciones preliminares con el fin de «aportar a la construcción del diálogo social».
El objetivo de la visita a Jujuy fue «conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación», en el marco de la reforma parcial de la Constitución Provincial aprobada el 16 de junio de 2023.
«Dicha reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia», señalan en el informe.
En particular, la misión se concentró en los focos de protesta, en Abra Pampa, La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, San Roque y Purmamarca, donde las comunidades originarias instalaron permanencias con cortes periódicos de ruta, en rechazo a la nueva Constitución, cuya nulidad reclaman.
A partir de los numerosos testimonios que recogieron los representantes de las organizaciones de derechos humanos, mencionan en su informe un uso desproporcionado de la fuerza y de armas «menos letales» para la dispersión de la protesta, detenciones arbitrarias, y la criminalización de defensores «mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios», estos últimos con aplicación de «multas cuantiosas».
Los destinatarios principales de estas acciones fueron las comunidades indígenas, las asociaciones campesinas, referentes sociales, sindicales, de derechos humanos, docentes y abogadas.
En el escrito, la Misión Internacional aclara que también se reunió con autoridades provinciales, en particular del Ministerio de Seguridad, de la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y diputadas provinciales, aclarando que «no hubo impedimento ni obstaculización» en su tarea.
Sobre la reforma de la Constitución, el documento advierte que se llevó adelante «sin un amplio proceso de deliberación» y en «ausencia de mecanismos de consulta y participación de los pueblos indígenas», aun cuando en la provincia existen cerca de 420 comunidades indígenas que están comprendidas en el Convenio 169 de la OIT, al que la Argentina suscribe.
Por otro lado, expresan preocupación sobre la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y ambientales, y detallan aspectos como las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas.
«La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados», advierten.
Respecto de la cuestión ambiental, señalan que la nueva Constitución no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas hídricas ni la preservación de ecosistemas, favoreciendo el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos, abriendo puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas.
En materia de derechos humanos, advierten que la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. «La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho», afirman, y ponen especial atención en «una aparente falta de independencia del poder judicial en Jujuy».
En este sentido, se concentran en la represión y criminalización de la protesta social a través de «detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía en contra de personas de pueblos y comunidades indígenas, defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños».
Mencionan el «uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de armas menos letales como balas de goma y gases lacrimógenos que produjeron daños y lesiones en el cuerpo de manifestantes, incluyendo cabezas y ojos», aclarando que «también se accedió a información sobre hechos de violencia que afectaron a agentes de la policía provincial».
La Misión interpreta que estos actos del gobierno provincial y del poder judicial «han causado un efecto amedrentador del ejercicio del derecho a la protesta», y detectaron «desconfianza hacia las autoridades e instituciones del estado provincial».
Por otra parte, se hacen eco de las denuncias de personas heridas durante la represión no fueron atendidas en centros de salud «ni les hayan sido retiradas las balas por temor a que les impongan una sanción administrativa o se inicie una investigación penal al momento de concurrir al sistema de salud».