«Una alerta y una solicitud de apoyo y participación en la lucha por sostener la Memoria, Verdad y Justicia que el acuerdo democrático estableció en el NUNCA MÁS». Así se describe el informe elaborado sobre la situación de los Espacios de Memoria que funcionan en los ex centros clandestinos de detención y exterminio que hubo en el país durante la última dictadura cívico militar eclesiástica (1976-1983).
El trabajo fue elaborado por la Mesa de Trabajo y Consenso de los distintos Espacios para la Memoria y la Promoción de los DDHH, ex Centros Clandestinos de Detención y Extermino (CCDTyE) que están a lo largo del país -entre ellos Famaillá, Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos-, junto al Colectivo Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH Faro de la Memoria.
El reporte advierte sobre «el plan sistemático del gobierno Milei-Villarruel contra la histórica política de Memoria Verdad y Justicia del estado democrático argentino» y repasa la normativa vigente que protege de manera particular a cada sitio.
Sobre la situación actual, el informe remarca que a lo largo del año 2024 se ha ejecutado una política de desfinanciamiento de todas las actividades que son responsabilidad institucional y legal de la Secretaría de DDHH de la Nación.
Esto implicó, advierten, «el abandono de las obligaciones jurídicas, culturales y sociales que prescriben la legislación argentina y las Convenciones Internacionales respecto de la vigencia de los Derechos Humanos».
En lo que respecta a los Espacios para la Memoria, dependientes de esa misma Secretaría, «el impacto los arroja a una crítica situación a partir de los despidos de los trabajadores significando el límite del cierre y el riesgo total para su preservación y conservación».
Proteger las pruebas
La ley Nacional 26.691/2011 de Preservación, Señalización y Difusión de Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado establece en su artículo 2 las dos principales funciones de estos espacios: su carácter probatorio en los juicios de lesa humanidad que se desarrollaron y siguen desarrollando en el país, y su rol en la transmisión de la memoria histórica de lo acontecido durante los años del Terrorismo de Estado.
También destacan que en el campo judicial, los magistrados federales a cargo de los procesos por crímenes del Terrorismo de Estado han tomado diferentes resoluciones de protección y órdenes de prohibición de innovar sobre los terrenos, edificios, partes y elementos de prueba surgidos de las localizaciones.
La Cámara de Casación Penal ya había emitido una directiva en el mismo sentido. En 2024 su presidente, Mariano Borinsky, expuso su preocupación por la preservación del material probatorio que pueda resultar de valor judicial e histórico vinculados a los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar.
Por ello dispuso el cumplimiento de las Reglas Prácticas contenidas en las acordadas1/12 y 2/22 producidas en agosto de 2024 por el juez Alejandro Slokar, donde se encargó a los tribunales orales de todo el país que garanticen la preservación del material y los sitios incluidos en los procesos de investigación de crímenes de lesa humanidad y que faciliten el acceso al mismo con el objeto de agilizar las causas.
El informe destaca además que existen otras normativas locales en el mismo sentido que la ley nacional y las normas internacionales. Mencionan como ejemplo que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está vigente la ley 26.935 de traspaso de los Sitios de Memoria de ese ámbito jurisdiccional al Poder Ejecutivo nacional, que obliga al Estado nacional a proteger y dar sostenimiento económico con el fin de otorgar reconocimiento de trabajadores y trabajadoras en su situación de revista como agentes nacionales y de estabilidad laboral para dar cumplimiento a los roles y continuidad a las actividades de los Sitios para la Memoria.
Además, hay normas específicas que se refieren a sitios en particular, por ejemplo, el Espacio para la Memoria Club Atlético, que fue declarado Sitio Histórico (CABA), Lugar Histórico Nacional y Sitio Arqueológico; el Espacio para la Memoria ex ESIM, que es Patrimonio cultural de la Provincia de Buenos Aires, Bien Histórico-Testimonial y Lugar histórico Nacional; el Espacio para la Memoria “Olimpo”, declarado Sitio Histórico (CABA) y Lugar Histórico Nacional; el Espacio para la Memoria “Automotores Orletti”, declarado “de utilidad pública y sujeto a expropiación” (CABA) en 2006, recuperado en 2009 y declarado Lugar Histórico Nacional; el Espacio para la Memoria “Virrey Cevallos”, que es Lugar Histórico Nacional; el Museo de la Memoria “ESMA”, declarado Patrimonio Mundial en 2023 por Unesco y protegido por leyes de CABA y nacionales; el Espacio para la Memoria y Promoción de los DD.HH “La Escuelita de Famaillá”, declarado Lugar Histórico Nacional y Bien del Patrimonio Material e Inmaterial de Interés Cultural de la Provincia de Tucumán.
Orden judicial
La legisladora porteña Victoria Montenegro ha denunciado al secretario Alberto Baños y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
En respuesta a esta presentación, el juez Ariel Lijo firmó en enero de 2025 requerimientos para que la Secretaría de DDHH arbitre todas las medidas con el objeto de garantizar la dotación de personal capacitado para que los espacios de Memoria sigan abiertos al público y en funcionamiento sus actividades, como así también para que se lleven a cabo las tareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y de limpieza diaria con el personal capacitado y resguardando a los trabajadores; al mismo tiempo que se preserven los acervos y archivos que se han generado a la fecha y que se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas.
El reporte detalla las decisiones tomadas por el ministro Cúneo Libarona, quien durante 2024 emitió resoluciones que afectaron directamente el desarrollo de las actividades de los Sitios, incumpliendo la legislación vigente.
Describen que «tales decisiones contra leyes nacionales y convenciones internacionales decidieron dar de baja las contrataciones de los trabajadores y trabajadoras que se encontraban prestando servicios en las áreas de arqueología y conservación, educación, comunicación, investigación, archivo, puesta en valor y mantenimiento» de los sitios, y suman «la enajenación de tierras y edificios que son parte de los predios de Sitios y localizaciones de Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio».
«En ese sentido el Espacio para la Memoria y la Promoción de los DDHH RI9 de la provincia de Corrientes se encuentra entre los lugares con riesgo de ser vendidos», ejemplifican.
Afirman más adelante que los despidos de personal y el desfinanciamiento operativo de las actividades de los Espacios, generan el desmantelamiento de las siguientes áreas: Arqueología y Conservación del patrimonio histórico; Educación; Comunicación y Cultura; Investigación y Archivo, y Mantenimiento.
«A la situación general le suman, el ministro Cuneo Libarona y el secretario Baños la desconsideración en el trato a las víctimas directas del genocidio y la crueldad del maltrato laboral en las condiciones de un Régimen autoritario y antidemocrático», advierten.
Las conclusiones
«La decisión política del gobierno de Milei-Villarruel desde su asunción en diciembre de 2023, anunciada en sus declaraciones públicas, es la de destruir el propio Estado Nacional tanto en sus principios soberanos como en sus funciones constitucionales de protección de los DDHH en toda su amplitud», señala el informe.
Plantea que «la finalidad declarada del gobierno nacional por destruir las bases democráticas contenidas en el paradigma de Memoria, Verdad y Justicia, y de reivindicar -otorgando impunidad- a los criminales de lesa humanidad, es ejecutada a pesar de todas las solicitudes de los Organismos de Derechos Humanos acompañados por organizaciones de la comunidad, sindicales, académicas, culturales y sociales».
Y destaca que, de este modo, han despreciado también «las peticiones ante los diferentes Poderes de la Nación, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina para los DDHH de las Naciones Unidas».
Sobre el final, afirman: «Queda a la vista que el objetivo requiere una lucha desigual con el Gobierno que nunca abandonaremos, para lo cual se están desarrollando diferentes actividades realizadas con el esfuerzo de la comunidad, los trabajadores y trabajadoras de los Sitios para la Memoria, junto a los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones sociales, culturales, sindicales y políticas».