Apenas 24 horas antes de la trágica explosión que se produjo en el Ingenio La Esperanza, que se cobró la vida de al menos cinco trabajadores, la diputada nacional Carolina Moisés presentó ante la justicia provincial un pedido de informes porque el Grupo Budeguer, que compró el complejo en mayo pasado, incumplió los plazos de pago de las cuotas acordadas y despidió a 19 trabajadores, en contra de lo que se había firmado al momento del traspaso.
Moisés dirigió su pedido al al juez Juan Pablo Calderón, que es quien intervino en la quiebra del complejo azucarero.
El estado provincial concretó en mayo la venta del Ingenio La Esperanza al Grupo Budeguer por 50 millones de dólares, en cuotas. El primer pago se realizó a los 10 días de la operación y fue de 5 millones. El 30 de octubre, debía pagar otros 5; y el 30 de abril del año que viene, 5 más. Los 40 millones restantes se comenzarán a pagar en 2021, en 15 cuotas anuales de 2.666.666. millones de dólares cada una. Es decir que terminará de pagar en 2036.
“El 30 de octubre ha vencido el plazo de la segunda cuota a pagar y tenemos información respecto a que la empresa habría pedido una compensación del pago de esa cuota en función de supuestas obras; queremos saber si es así y cuáles han sido esas obras, ya que esto no estaba previsto en la venta”, dijo Moisés al hacer la presentación judicial.
Además, precisó que hay deudas con proveedores y con la obra social de los trabajadores.
“Ya pasó suficiente tiempo para que se instale y funcione”, resumió Moisés, atento, según dijo, a la manifestación de «gran preocupación y malestar» por parte de trabajadores y de la comunidad sampedreña.
En julio pasado, cuando el Grupo Budeguer se hizo cargo oficialmente del ingenio, Luis Budeguer afirmó: “Venimos a poner toda nuestras capacidades y habilidades tanto en la industria como en el campo, tenemos un plan a largo plazo para reconvertir esta unidad productiva cumpliendo con todos los estándares de calidad nacionales e internacionales para salir al mundo con productos de calidad”.
Con al menos cinco trabajadores muertos, uno que pelea por su vida con el 80 por ciento de su cuerpo quemado y otros siete que permanecen internados, y mientras personal de Bomberos continúa intentando apagar el fuego, la presentación judicial de la diputada Moisés cobra una relevancia adicional.