La Asamblea Provincial de Comunidades Indígenas rechaza la intimación enviada a familias de las comunidades Cipaqui y Coquena por el Gobierno provincial para que desalojen las tierras ancestrales que habitan. Denuncian hostigamiento policial y el avance de intereses inmobiliarios y vitivinícolas sobre sus territorios.
A pocos kilómetros de Purmamarca, la comunidad originaria Cipaqui -integrada por los parajes La Ciénaga, Patacal y Quisquiri- se encuentra en estado de asamblea permanente tras recibir una notificación de desalojo que afecta a familias asentadas en el territorio por generaciones.
Marta Chocobar, referente de la comunidad, relató en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5) la angustia que atraviesan, especialmente en el sector de Esquina Amarilla, sobre la Ruta 52.
La mujer explicó que el Estado provincial alega una «ocupación indebida», un argumento que la comunidad rechaza de plano amparándose en la preexistencia étnica y cultural reconocida por la Constitución Nacional. «Es injusto que digan que ocupamos indebidamente. Es la tercera generación que vive aquí de la que tenemos memoria, y venimos de mucho antes. Nuestros abuelos compraron estas tierras, son nuestras», expresó Chocobar.
El conflicto no es nuevo, pero se ha recrudecido en las últimas semanas. La intimación, firmada por la Dirección Provincial de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado, otorgaba un plazo de 15 días para abandonar las viviendas. La comunidad denuncia que este avance judicial se complementa con una presencia intimidatoria de efectivos policiales de civil que vigilan los alrededores de los hogares, donde residen adultos mayores con discapacidad y menores de edad.
Turismo y viñedos
Para los miembros de Cipaqui, el trasfondo de estos pedidos de desalojo es puramente económico. «Desde que la Quebrada se hizo patrimonio de la humanidad, se hizo un lugar muy turístico. Y se han vuelto famosos los viñedos, porque acá se está sacando la mejor uva, el mejor vino. Esa es la ambición que tienen los de gobierno actual», afirmó Chocobar.
Y denunció que no se trata de un caso aislado, citando el ejemplo de la familia Lamas Carrillo, que ya habría sufrido la pérdida de parte de su quinta ante avances similares.
‘Decir que no’
La semana pasada, un grupo de referentes de las comunidades Cipaqui, Chalala y Coquena llegaron a San Salvador de Jujuy, donde presentaron notas dirigidas al procurador, al gobernador y al vicegobernador para que frenen el desalojo.
En su reclamo, invocan el Artículo 75, inciso 17 de la Constitución Argentina y en el Convenio 169 de la OIT, que garantizan la propiedad comunitaria de las tierras que ancestralmente habitan los pueblos indígenas.
«Tenemos todos los papeles. No sé qué es lo que quieren. No somos un asentamiento, somos comunidades. Ya estamos cansados de que nos vivan atropellando e intimando. Es momento de decir que no», sentenció Chocobar.
Actualmente, miembros de diversas comunidades de la zona se encuentran apostados en el lugar para evitar cualquier intento de ejecución del desalojo y visibilizar una problemática que, aseguran, el Gobierno provincial intenta mantener en las sombras.
Chocobar advirtió: «Ellos creen que vamos a aflojar, pero nosotros no tenemos por qué darle nuestras tierras».