La Corte Nacional de Justicia reclamaba a Vaca por delitos de lesa humanidad, tortura, violencia sexual y desaparición forzada, cometidos en contra de Susana Cajas y Luis Vaca, quienes pertenecieron al grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).
Desde el 3 de octubre pasado había una orden de prisión preventiva en contra del ex general, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia, por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Vaca era identificado bajo el seudónimo de ‘ingeniero Calvo’ cuando aún era capitán de la Policía y estuvo a cargo del Servicio de Investigación Criminal (SIC-10), un grupo de élite dedicado a la lucha antisubversiva.
En esta unidad habría laborado el ex teniente Wilfrido Ch. bajo el seudónimo de ‘arquitecto Bolaños’, quien presuntamente era el segundo oficial a cargo.
Ayer la jueza Lucy Blacio, durante la audiencia de formulación de cargos, ordenó la prisión preventiva de Wilfrido Ch. y la prohibición de enajenación de bienes hasta por 200.000 dólares.
El testimonio de un testigo y la verificación de documentos obtenidos por la Fiscalía determino que el oficial firmó el parte de detención de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, en noviembre de 1985, utilizando su seudónimo. El reporte recomendaba que sean sometidos a un “interrogatorio especial”, ya que ambos cayeron en contradicciones en las declaraciones rendidas a los militares tras su detención en Esmeraldas.
En el testimonio escrito de Luis Vaca manifestó: “Allí nos interrogaron, nos ataron las manos y nos incomunicaron”. El fiscal Chiriboga anotó que la madrugada del 11 de noviembre de 1985, las víctimas fueron trasladadas en un camión al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en el Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto, al sur-oriente de Quito.
Pese a que las autoridades del Estado negaron haber detenido a los tres ciudadanos, en reportes del Servicio de Inteligencia Militar se encontró un parte informativo de la Policía del 12 de noviembre de ese mismo año, que informa sobre la captura de estas personas. El documento está dirigido al ‘ingeniero Calvo’ por parte de los ‘arquitectos Leo y Bolaños’.
Chiriboga relató que al cabo de 15 días, Cajas y Jarrín fueron abandonados en una quebrada de Cumbayá y minutos después un patrullero fue para llevarlos al Centro de Detención Provisional de Quito, mientras que Vaca siguió recluido en una celda pequeña adecuada en el sótano de una de las oficinas del cuartel, donde permaneció incomunicado por más de dos años.
“Incluso, en una comunicación oficial firmada por el entonces canciller Édgar Terán, dirigido a la ONG Amnistía Internacional, que se interesó en el caso, negaba que Luis Vaca hubiera sido detenido”, reiteró el fiscal.
En la investigación se halló otro parte policial, firmado supuestamente por el ‘arquitecto Bolaños’, del 12 de diciembre de 1985, en el cual recomendaba someter a Vaca al “método regresivo”, que consistía en un constante goteo sobre su cabeza por varias horas antes del interrogatorio.
En la audiencia de ayer, el fiscal general señaló que no se debe confundir este caso, ya que no se persiguen las acciones adoptadas en contra de los delitos insurgentes, sino los métodos utilizados por los órganos de seguridad del Estado de esa época: “Estamos defendiendo el régimen de derecho y la aplicación de las normas legales y que estas hayan sido ejecutadas dentro del marco constitucional y el respeto a los derechos humanos”.