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Cuatro peruanos capturados el martes en cercanías de la localidad de Apolo, donde el sábado fueron asesinados tres militares bolivianos y un médico, serán interrogados este miércoles para establecer si están vinculados.
Se trata de la emboscada contra efectivos que erradicaban coca ilegal, mientras una comisión de Diputados decidió investigar lo sucedido.
La posibilidad de la presencia de peruanos vinculados al narcotráfico en la región fue denunciada ayer por el presidente Evo Morales: «Sigo convencido, después de algunas informaciones preliminares, de que extranjeros operan y usan a algunos dirigentes (cocaleros)” que se oponen a la erradicación.
El Ministerio de Gobierno no reveló hasta el momento el nombre de los cuatro arrestados, quienes se encontraban en compañía de dos bolivianos. La hipótesis gubernamental es que detrás de todo esto hay narcotraficantes internacionales, reportó el diario paceño La Razón y la agencia Prensa Latina.
Por el momento, el Ministerio Público aguarda por las autopsias de los militares Oscar Gironda y Willy Yujra, el policía Johnny Quispe y el médico Michael Olivares, para conocer el tipo de armamento usado en las acciones, las cuales dejaron, además, otros 15 heridos de balas.
La Justicia boliviana, por su parte, decretó ayer la prisión preventiva para nueve cocaleros imputados por el ataque y asesinato de los tres militares y el médico.
Mientras, los productores de coca de Miraflores insisten en encontrar un acuerdo con el gobierno para establecer las bases de la erradicación, aunque grupos más radicales se mantienen ubicados en puntos estratégicos para proteger sus cultivos.
En tanto, el subjefe de la bancada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara Baja, Jorge Medina, explicó que el objetivo de la investigación de la comisión especial será «conocer los hechos de manera pormenorizada y verificar las condiciones en que la violencia se desató» en la norteña localidad de Apolo.
Por su parte, el gobierno de Perú aseguró que está «trabajando conjunta y coordinadamente» con Bolivia para establecer un cerco policial en la frontera común, que permita capturar a los responsables de las cuatro muertes en la localidad boliviana de Apolo.
La Cancillería peruana calificó de «lamentable» el ataque producido en Apolo, localidad cercana a Perú, pero aclaró que la frontera común no ha sido cerrada, tal como informaron algunos medios locales.
«El ataque contra efectivos del Grupo de Tarea Conjunta de erradicadores de coca del gobierno de Bolivia se produjo al norte del departamento de La Paz, Bolivia, colindante con las provincias de Moho y Huancaré del departamento (peruano) de Puno, en una zona donde no existen pasos de frontera establecidos», remarcó la nota oficial del ministerio de Exteriores.
La legislación boliviana reconoce la legalidad de los cultivos de 12.000 hectáreas de coca destinada a prácticas tradicionales, como el mascado, las infusiones o los rituales religiosos andinos.
Según datos oficiales, Bolivia erradicó más de 9.000 hectáreas de plantaciones de coca ilegal en el presente año, que ascendían a 25.300 en 2012.
