Ayer se cumplió la primera jornada, con cese de actividades y toma de decenas de escuelas a lo largo y ancho de la provincia.
La ITE reclama un aumento salarial de 22 por ciento retroactivo al mes de enero y un piso salarial de 4.900 pesos, y rechaza un oferta salarial del 19 por ciento desde marzo y un piso de 4.320 pesos que propuso el gobierno.
En tanto, el gobierno judicializó la cuestión y obliga al Poder Judicial a formar parte de un conflicto. El procurador de la provincia, Gustavo Alberto Toro, que está a cargo de la Fiscalía de Estado, presentó ayer una acción de amparo en contra del sindicato que nuclea a los trabajadores de los niveles inicial y primario del sector educativo, Adep.
La acción de amparo está acompañada de una medida cautelar que cayó en manos del juez Fernando Pedicone, quien convocó a las partes para este jueves a las 8.30. Ante la situación de interinato de la conducción de Adep, el magistrado citó, además de a Mario Farfán, el secretario general transitorio, a Oscar Tapia, de la Lista Verde; a Darío Abán, de la Lista Bordó, y a María Quispe, de la Lista Rosada.