La periodista Mariana Mamaní brindó detalles sobre el grave hecho sufrido el pasado viernes por la tarde en su vivienda de Villa Jardín de Reyes. Fue este lunes en una conferencia de prensa convocada en el playón del estacionamiento de los tribunales por el colectivo Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy (PUAJ).
Cerca del mediodía, Mamaní concurrió a la Casa de Gobierno para pedir audiencia con el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, quien no se encontraba en su despacho. En su oficina recogieron la solicitud con carácter de urgente por la gravedad del hecho. En tanto, la periodista reclama y gestiona protección policial para su vivienda y su familia.
El episodio, calificado por la propia profesional como un acto de intimidación y no como un delito común, ocurrió el viernes último en momentos en que el sector se encontraba sin suministro eléctrico debido a los cortes provocados por el viento norte.
Al regresar a su domicilio cerca de las 21.30, la periodista advirtió que habían ingresado por una ventana lateral corrediza. También encontró las luces encendidas. A pesar de haber varios objetos de valor a la vista, el o los atacantes se limitaron a sustraer una computadora portátil que no estaba expuesta y su cámara fotográfica.
Asimismo, dejaron sobre el soporte del ventilador de la netbook un ejemplar de la Constitución Provincial reformada en 2023, la misma copia que la periodista utiliza habitualmente para realizar sus coberturas.
«No fue un robo al azar. Fue todo deliberado y direccionado. Creo que es un mensaje para todos nosotros», afirmó Mamaní durante la rueda de prensa, y enfatizó la exigencia de que el hecho se investigue hasta dar con los responsables.
La comunicadora remarcó la sensación de vulnerabilidad con la que quedó su familia tras revisar las habitaciones y constatar el desorden en los muebles, especialmente en el dormitorio de su hija.
Tras haber concretado la denuncia policial durante la medianoche del viernes, Mamaní confirmó que ampliará la declaración ante la justicia. La causa se encuentra a cargo del ayudante fiscal Agustín Oroza, mientras la Brigada de Investigaciones y el equipo de Criminalística trabajan en el análisis de las pericias.
Acompañada por colegas, representantes sindicales, organizaciones de derechos humanos y referentes políticos de diversos sectores, la periodista advirtió sobre la falta de respuesta institucional por parte de las autoridades gubernamentales.
«No me llamó nadie del gobierno. Necesito seguridad para mí y para mi familia; no debería estar pidiendo algo así para poder ejercer mi profesión tranquila», manifestó Mamaní.
El hecho generó un repudio generalizado en la provincia por parte de gremios docentes, agrupaciones de derechos humanos y espacios políticos de distintas corrientes, que manifestaron su solidaridad y exigieron el pronto esclarecimiento del caso y la protección de la periodista.
