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El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que abrió una investigación penal «para determinar el origen de la filtración de información vinculada a un legajo en trámite». Se trata de la difusión de chats entre la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy Laura Lamas y el sacerdote Luis Bruno, quien está detenido imputado por abuso sexual.
Las conversaciones fueron difundidas en primer lugar en el programa Telenueve Denuncia, emitido el 18 de septiembre pasado por canal Nueve.
En un comunicado, el MPA precisó que ya realizó una auditoría interna que concluyó que la divulgación no fue responsabilidad de personal de ese organismo.
«Para esclarecer esta situación, se dispuso la apertura del legajo P-24901/2025, orientado exclusivamente a investigar la filtración y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder», señala el comunicado del MPA.
La investigación se instruye bajo la calificación legal de «entorpecimiento o turbación de actos funcionales de la autoridad, prevista en el artículo 241 inciso 2 del Código Penal de la Nación».
El organismo remarca que «la información divulgada corresponde a un legajo penal al cual habían accedido, en el marco del proceso judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, abogados defensores particulares y el personal de la Oficina de Gestión Judicial del Poder Judicial».
En este contexto, el MPA dispuso «la intervención de su Auditoría Interna, que llevó adelante un procedimiento preliminar para determinar si la filtración pudo haberse originado dentro de este organismo», concluyendo que «no existen indicios que permitan presumir responsabilidad de personal del MPA en la divulgación de los datos».
Los siguiente pasos, según se informó, será tomar declaración a «personas que hayan tenido acceso a la información divulgada».
«El Ministerio Público de la Acusación continuará impulsando todas las diligencias necesarias en sede penal para esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades correspondientes, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia institucional y la tutela judicial efectiva», indica el comunicado.
Sobre el final, remarcan que «la difusión indebida de información sensible en legajos en trámite puede generar responsabilidad penal y administrativa para quienes resulten responsables, además de afectar gravemente los derechos de las víctimas y el debido proceso de las personas imputadas».
