El juez Gastón Mercau dictó esta mañana, fuera del plazo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la prisión domiciliaria a Milagro Sala, pero dispuso que sea trasladada a una casa que está destruida y que él mismo admitió no haber visto salvo en fotos. El funcionario dijo en conferencia de prensa que «depende de la defensa» que el lugar esté en condiciones.
En lo que puede interpretarse como una maniobra para demorar aun más la salida de la dirigente social del penal de Alto Comedero, Mercau ordenó que sea alojada en la casa del Dique La Ciénaga, una propiedad que fue vandalizada luego de la detención de Sala. Le faltan puertas, ventanas y sanitarios. Una rápida estimación sugiere que el acondicionamiento de esa propiedad no llevaría menos de dos semanas.
Mercau minimizó esta situación. Admitió que no vio la propiedad, salvo a través de fotografías. «Me han dicho que la casa se tiene que acondicionar. La defensa nos dio fotos. Faltan algunas puertas y ventanas, unos sanitarios. Ahora eso depende de la defensa».
Según el juez, no es posible que la domiciliaria se cumpla en la casa del barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, que el el hogar de Sala y su familia, porque Gendarmería le informó que no es factible garantizar la seguridad, «porque puede haber inconvenientes tanto para ella como para los vecinos».
«Gendarmería tiene que instalar un container, poner personal, y por las características del lugar no es factible», agregó.
Explicó luego que Gendarmería Nacional estará a cargo de la custodia de Sala «porque la CIDH marcó algunos problemas con el Servicio Penitenciario», aunque aclaró que esos problemas «están sujetos a investigación».
El funcionario judicial dispuso además limitaciones a las visitas que podría recibir Sala cuando esté cumpliendo la domiciliaria: solo en grupos de a siete, y entre las 7 de la mañana y las 20. Lo explicó así: «Las restricciones son porque nos han dicho del Servicio Penitenciario que era mucha la gente que iba a visitarla. No es una restricción, es una organización de las visitas».
«Nosotros tenemos que cumplir con la resolución de la CIDH, pero eso no significa que yo la comparta. Pero bue, hay que cumplir porque somos parte del Estado nacional», admitió Mercau.
Agregó luego: «Ellos hablan de resguardar la integridad física de Milagro Sala, y nosotros lo habíamos hecho. No estaba en peligro. Pero ante la sugerencia, tenemos que cumplir. Porque si no podría haber sanciones para el Estado argentino».
La defensa de Sala presentará un escrito para que se concrete hoy mismo, «atento a la gravedad de la situación de la dirigente en el penal, donde no está garantizada su seguridad ni su integridad fisica».
Informó además que el domicilio al que pretenden trasladar a la diputada del Parlasur fue construido no como vivienda sino para desarrollar allí un centro de rehabilitación de adicciones que finalmente no se pudo concretar.
