Juicio a Milagro Sala: Se expone cada vez más el armado judicial   

«Este juicio está exponiendo en mayor forma lo que ya se vio en otros anteriores», afirmó el abogado Juan Cabezas, defensor de Alberto Bellido, imputado junto con Milagro Sala y un exempleado judicial en el accidentado proceso que se desarrolla actualmente en Jujuy.

La reanudación de este juicio quedó nuevamente trunca. Este lunes debía llevarse adelante la tercera audiencia, pero el Tribunal Penal N° 3 volvió a suspender el trámite. A las situaciones escandalosas planteadas en las dos anteriores, en esta ocasión se reveló un intento de extorsión del titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello, hacia uno de los imputados, Alberto Bellido, a quien le ofreció «aliviar» su situación judicial si relataba supuestos envíos de dinero a Buenos Aires por parte de la Organización Tupac Amaru. Bellido reveló la maniobra ante el Tribunal, mostró papeles y luego debió retirarse con un cuadro de hipertensión.

En este juicio, Milagro Sala está acusada de planificar el supuesto robo y destrucción de un expediente, junto a su exabogado Alberto Bellido y el empleado judicial Marcos Daniel Romero.

De las tres audiencias que se desarrollaron hasta ahora, solamente la primera se realizó de manera completa. Fue el 18 de agosto, cuando declaró ante el tribunal un testigo presentado por la Fiscalía que, se esperaba, involucraría de manera definitiva a los acusados. Pero ni siquiera esa audiencia terminó bien, porque el testigo, José Luis Ruiz, sorprendió a todos cuando relató que desde el Ministerio Público Fiscal lo habían presionado para que apuntara contra los imputados a cambio de devolverle un trabajo del que había sido cesanteado, pagarle los salarios perdidos con retroactividad y conseguirle otro puesto.

La segunda audiencia no pudo desarrollarse de manera completa. Fue el 25 de agosto. La suspensión se debió a que uno de los miembros del Tribunal, Mario Puig, fue internado con un cuadro cardíaco. El fiscal de Cámara Darío Osinaga Gallagher también se ausentó por problemas de salud y fue reemplazado por otro integrante del Ministerio Público de la Acusación, Diego Funes. En esa segunda audiencia, la expectativa estaba puesta en el testimonio que brindaría el testigo «estrella» del MPA, Alejando «Pilo» Mancilla, el primer arrepentido contra Milagro Sala.

Este lunes se realizó la tercera audiencia, pero tampoco se concretó. Es que uno de los acusados, Alberto Bellido, denunció que el titular del MPA, Sergio Enrique Lello, trató de extorsionarlo. De acuerdo al relato que hizo frente al tribunal, Lello le ofreció «solucionarle» su situación judicial a cambio de que declarara en contra de Milagro Sala respecto de supuestos envíos de dinero a Buenos Aires en el marco de las actividades de la Organización Tupac Amaru. Tras acusar a Lello y al resto de los fiscales de “armar causas”, Bellido reclamó que “se vaya a su casa por el bien de la justicia”.

Esta tercera audiencia terminó abruptamente porque Bellido se descompensó y terminó internado con un cuadro cardíaco por hipertensión.

Desde el inicio de este proceso oral, entonces, tres de los participantes tuvieron problemas de salud. El fiscal Osinaga, el juez Puig y el acusado Bellido. Para Juan Cabezas, abogado defensor de Bellido, esto es consecuencia del «alto nivel de tensión que se percibe en el aire».

‘Solución amistosa’

Sobre la denuncia contra Sergio Lello, Cabezas relató a El Submarino Radio (FM Conectar 91.5): «Después de la declaración de Ruiz, Alberto Bellido es convocado a una reunión en la que el doctor Lello le dice que van a solucionar los problemas, que no se preocupe, y le indica qué debe hacer para eso. Le pide que controle a Ruiz, que evite que hable en los medios, y le hace un par de sugerencias relacionadas a traslados de plata en valijas a Buenos Aires. Que si él fuera tan amable de prestar una declaración en ese sentido, su situación podría verse sensiblemente mejorada».

-¿Querían hacer de Bellido un nuevo supuesto arrepentido de la Tupac?

-Sí, le sugiere que si él informa que ha visto algo, ellos también pueden contemplar alguna otra solución de carácter amistoso, digamos.

-¿Y en qué consistía esa solución? 

-Le dice que vaya al Ministerio Público y que ahí le iban a entregar un fallo aplicable a su caso, y que con eso iba a conseguir el sobreseimiento por prescripción de la causa.

-¿Qué pasó? 

-Mi cliente va al Ministerio Público y se entrevista allí con el doctor Diego Funes, que le hace entrega de ese fallo. Lo importante de esto, muy importante, es que ese fallo contiene el QR del Ministerio Público, la fecha y la hora en que es entregado, y en el anverso está el número de teléfono con el cual mi defendido se tenía que comunicar. Quiere decir que es un documento indubitable porque no puede ser falsificado.

-¿Bellido lo llevó a la audiencia? 

-Sí, y fue admitido porque el doctor Funes reconoce haberlo entregado. Pero dice «¿cuál es el problema de que yo le entregue documentación?». Y yo creo que hay un gravísimo problema porque hay intereses completamente contrapuestos entre un acusado y un acusador. No pueden tener un diálogo así, de vecinos, en el cual le dice «yo te entrego esto para que soluciones tu problema». Es un absurdo.

La oscura historia de la causa

Esta causa viene siendo cuestionada desde su origen. Para comprender el camino recorrido, es preciso repasar cada una de sus instancias. El hecho que se investiga es la pérdida de un expediente que habría sido robado a fines de 2009 de lo que era el antiguo Juzgado de Ejecución de Causas, que en ese tiempo estaba ubicado enfrente de la vieja estación de tren. Desde allí se habría sustraído el expediente que involucraba a dos hombres, Ávila y Báez, en un hecho de tentativa de homicidio. El documento, supuestamente, había sido quemado en un basural.

De acuerdo a la acusación, el autor material del robo del expediente había sido un empleado del Poder Judicial, Marcos Daniel Romero, impulsado por el abogado Alberto Bellido, quien a su vez habría actuado instigado por Milagro Sala.

Tras la investigación inicial, la fiscal Cravero y Savio, hoy ya retirada, «le dice al juez de control de ese momento, el doctor Aróstegui, «mire, acá no hay más nada para hacer, no tenemos prueba, no se puede continuar con la investigación, cierre el sumario». Y el doctor Aróstegui cierra el sumario.

En 2018, ya bajo el gobierno de Gerardo Morales, el juez Pablo Pullen Llermanos recupera el expediente, «lo exhuma», describe Cabezas, y le dice al doctor Aróstegui que su resolución no sirve y que él iba a continuar con la investigación, «por él mismo, sin invitación ni indicación de nadie».

Es bajo esta nueva etapa investigativa cuando aparece «de manera espontánea» un testigo que dice haber presenciado los hechos de destrucción del expediente. Es Mancilla.

«¿Por qué pongo ‘espontánea’ entre comillas? -advierte Cabezas-. Porque este hombre está actualmente en libertad pese a tener, por parte del Ministerio Público, denuncias por abuso sexual cometido en forma de empalamiento. Y mantiene su libertad cuando declara involucrando a los terceros en el robo del expediente».

Abogado Juan Cabezas

‘Sentencia escrita’

Para el abogado Cabezas, en este juicio «el Tribunal necesita emitir un fallo en determinado sentido», y esa es a su entender la razón por la que rechazó todas las presentaciones e impugnaciones que presentaron las defensas.

«Todas estas cosas le generan enorme molestia, preocupación, saturación. Me parece que ellos ya tienen decidido condenar y brindar cobertura a los hechos sensiblemente ilegales que se desprenden desde el MPA», agrega.

-¿Está diciendo que ya está escrita la sentencia contra Bellido, Romero y Milagro Sala?

-Sí. En mi opinión ya la tienen escrita y firmada. Lo único que necesitan es que este tema concluya formalmente. Acá hay una cosmética de juicio, hay cortesía, hay modales para ejecutar el proceso, pero no hay proceso real. No existe. Está hecho el ritual para convalidar lo que ya está decidido. Es una escenografía.

-Eso no es ejercicio de la justicia. 

-Por supuesto que no. La justicia no existe. Veamos una pregunta sencilla: si yo tengo una denuncia contra un fiscal, ¿adónde la tengo que presentar? En la fiscalía. ¿Pero la fiscalía va a promover acción en contra de su propio fiscal? Seguramente no. Entonces, yo no tengo el lugar institucional o el resorte constitucional y legal para hacer esa denuncia. Tengo que caer en el MPA, y lo digo así, caer, y rogar a Dios que no termine yo denunciado porque entre ellos no se van a investigar. Esta es la realidad.

-¿Quiere decir que la denuncia de Bellido contra Lello no va a prosperar?  

-Yo tengo el documento que se le entregó a él en el MPA, con el QR y con la fecha. Tengo la ubicación de los celulares, los mensajes intercambiados entre el acusador y el acusado. Tengo todo. ¿Y qué va a pasar con todo eso? ¿Quién lo va a analizar? ¿Quién va a decirles «ustedes actuaron muy mal, esto nunca debió haber ocurrido»?

-¿Quién debería hacerlo?

-Tendría que actuar el Poder Legislativo, la Oficina Anticorrupción, la Comisión de Ética que tendría que estar armada en la Legislatura, que no sé si lo está. Y tendría que intervenir el Poder Judicial, porque acá nos olvidamos de que, pese a la autonomía del MPA, hay un punto que dice que se mantiene dentro del Poder Judicial. Entonces tendrían que llamarlo y decirle «mire, qué es lo que está pasando, ¿es verdad lo que dicen estos abogados? ¿Qué tiene usted para decir?» Todo eso tendría que pasar. Pero todo eso está atado a las decisiones o al humor de quien gobierne y entienda que puede llegar a servirle o no a sus intereses políticos.

-Hay quienes dicen que el gobierno le podría soltar la mano a Lello. 

-Habrá que esperar que llegue ese momento.

-Entonces la importancia de este juicio va más allá de la causa en sí.  

-Por supuesto. Este juicio está exponiendo en mayor forma lo que ya se vio en otros anteriores. Con este juicio, yo pretendo que queden aun más expuestos de lo que ya están. Que todo el mundo se entere de lo que está pasando, que todos nos demos cuenta de dónde estamos viviendo en Jujuy, cuál es el sentido de tener una investigación de esta naturaleza y una justicia que respalde todos estos actos sin decir «señores, basta, no se puede investigar así, no se debe hacer esto».

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