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El equipo de abogados defensores de los 19 imputados por las protestas de junio de 2023 impulsa de manera coordinada la campaña «No al juicio. Sobreseimiento ya», con el fin de frenar lo que consideran un proceso sin garantías antes del inicio de las audiencias. El inicio del juicio está previsto para el 26 de octubre y se extenderá por diez jornadas hasta el 6 de noviembre.
La abogada Mariana Vargas denunció graves irregularidades en la etapa previa del juicio oral. En diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5), afirmó que el proceso judicial no ofrece garantía de imparcialidad y confirmó que la estrategia unificada de las defensas es exigir el sobreseimiento de los imputados y la suspensión inmediata de las audiencias fijadas a partir del 26 de octubre.
Vargas sostuvo que el juez de control Rodolfo Fernández incurrió en decisiones que «avergüenzan a la justicia jujeña». Entre los principales cuestionamientos, destacó la exclusión sistemática de pruebas presentadas por la defensa que permitirían desvincular a los acusados.
En este sentido, mencionó casos como el del dirigente Santiago Zamora, uno de sus defendidos, que está imputado por el delito de daños supuestamente cometidos en el playón de la Legislatura durante la movilización y posterior represión del 20 de junio. La prueba sobre la que se apoya la acusación es una fotografía. Sin embargo, la defensa ofreció un video que muestra otra realidad: «En el video completo se ve que en realidad estaba resguardando la propiedad de alguien que desconocemos. Pero este video no pudo ser incorporado, el juez lo rechazó», reveló Vargas.
«Esta es la gravedad, porque más allá de lo que ocurra con el tribunal oral, ya vamos con pruebas negadas. Hemos intentado, hemos recurrido y nunca se nos ha hecho lugar», afirmó la abogada.
También se refirió al caso de Walter Puca, quien está acusado a partir de una fotografía que correspodne a otra persona. Vargas relató la audencia en la que el juez aceptó esa imagen como prueba de la participación de Puca en los supuestos incidentes: «Estábamos en la virtualidad. Nosotros queríamos que la audiencia fuera presencial, para que Puca pudiera ser visto y se viera claramente que no es el de la foto, y por lo tanto debía ser sobreseído. Pero el planteo del juez fue que Puca no declaró -lo que fue tomado como admisión de culpabilidad- y no negó haber estado en la manifestación».
En este contexto, la estrategia de la defensa se centra en detener el avance hacia el debate oral mediante recursos interpuestos tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Planteamos la parcialidad del juez y entendemos que tiene que ser todo declarado nulo», afirmó Vargas.
Por otro lado, existe otro tema que, a entender de los abogados, debe resolverse antes del inicio de este juicio. Se trata de un planteo que sostiene que no se puede juzgar la figura de «atentado y resistencia a la autoridad» sin antes determinar la ilegalidad de la represión policial ocurrida durante las jornadas de protesta.
«Hay otra causa en la que se investiga la represión, donde hubo órdenes de reprimir ilegítimamente. Y yo he planteado la prejudicialidad, en el sentido de que debería resolverse primero esa causa para después avanzar en lo otro, porque no puede haber ‘atentado y resistencia a la autoridad’ si la orden de represión era ilegítima», detalló Vargas.
El cuestionamiento al accionar policial en esas jornadas de 2023, en particular la del 20 de junio, se basa en los movimientos que se observaron en torno al edificio de la Legislatura. «Fue una provocación. Los infiltrados de Gerardo Morales eran los que quemaban los autos, los que ingresaron a la Legislatura, y no fueron individualizados en ningún momento. Esos fueron la excusa para una supuesta represión legítima», repasó.
«Eso se tiene que investigar en la causa de la represión. ¿Por qué hubo infiltrados? ¿Qué se buscaba? Quisieron cerrar un proceso de lucha del pueblo contra una reforma inconstitucional con situaciones de gravedad, pero la gente que fue a manifestarse no quería hacer eso ni se puso de acuerdo para hacer eso», sostuvo Vargas.
Imputaciones colectivas y campaña
Los 19 imputados en la causa enfrentan cargos por atentado y resistencia a la autoridad junto a lesiones leves agravadas contra personal policial, calificaciones que Vargas tildó de «absurdas» por atribuir responsabilidades colectivas e indeterminadas sin precisar la conducta individual de cada manifestante.
Ante este panorama, el equipo de abogados defensores —integrado también por Natacha Freijo, Alejandra Cejas y Luis Paz, entre otros— impulsa de manera coordinada la campaña «No al juicio. Sobreseimiento ya», con el fin de frenar lo que consideran un proceso sin garantías antes del inicio de las audiencias.
