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Juicio Contravencional contra dirigentes y manifestantes: Rechazan anulación y sigue

Comenzó el juicio contravencional que lleva adelante el ejecutivo provincial contra dirigentes sociales, políticos, sindicales, opositores al gobierno y el mismo se postergó hasta el próximo jueves, para que las partes acerquen pruebas y testimonios a las audiencias, que serán el próximo jueves a las 16.00 horas.

Los 15 dirigentes que se hicieron presentes ayer en un aula del Instituto Superior de Seguridad Pública, están imputados de los delitos contravencionales “ocupación del espacio público» y “el uso y portación de elementos contundentes y explosivos”. Las penas que se pueden aplicar para esos delitos ascienden a 150 unidades de multa.

La justicia contravencional que depende del gobierno de la provincia investiga los hechos del 4 de abril de 2018 cuando sindicatos estatales y privados, organizaciones sociales marcharon por aumento salarial, precarización laboral, la desocupación, una serie de problemas en educación y en salud, entre otras reinvidicaciones laborales. Las distintas columnas de manifestantes que fueron reprimidas por las fuerzas policiales locales.

En la primera jornada, en los alrededores del edificio de la escuela de la policía, se concentraron las organizaciones sociales y sindicatos que expresaron su solidaridad a los acusados por la justicia contravencional.

Los abogados defensores de dirigentes y militantes acusados realizaron varias presentaciones antes que se inicie el proceso, pero todos los planteos fueron rechazados por el Juez Contravencional, Matías Ustárez Carrillo (de reconocida militancia en el partido gobernante) y dijo que el proceso será reabierto el jueves a las 16 horas. Para ese jueves de compadre, las organizaciones y sindicatos convocan a una marcha rechazando el juicio contravencional y el código, ademas de armar una celebración al día que se festeja «como corresponde».

“Una vez más el gobernador utiliza el Código Contravencional -inconstitucional- para judicializar la protesta social. No tiene otro sentido el montaje de semejante circo judicial en Jujuy”, expresó en un comunicado la Organización Social Tupac Amarú.

“Por este camino del disciplinamiento a militantes y organizaciones sociales y gremiales, el régimen de Morales pretende instalar la paz y la unión, cuando sabe muy bien que la gangrena institucional -desatada por su juez Pablo Baca y sus confesiones de tocador- están destruyendo a los jujeños y sólo salvando económicamente a sus amigos. Y su objetivo final: instalar un estado policíaco”, finaliza el documento del colectivo.

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