La segunda audiencia del juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy fue suspendida por el Tribunal después de una serie de inconvenientes, relacionados en parte con problemas de organización y con el estado de salud de algunos imputados. Llegó a testimoniar uno de los acusados, que se declaró ajeno a los hechos que se le imputan. La próxima audiencia será recién el lunes 12.
El debate empezó con retraso porque no funcionaba el sistema de videoconferencia a través del cual debía seguir la audiencia el acusado Francisco Díaz. Tras varios intentos, el Tribunal resolvió que la siguiera por teléfono. En cambio sí funcionó el sistema para el cuarto juez, el vocal Gabriel Casas, que sigue las instancias de este juicio desde Tucumán. El Tribunal se completa con Federico Díaz como presidente de trámite y los vocales María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaraz.
Además hubo que reacomodar a los asistentes, ya que el Ministerio Público Fiscal pidió al Tribunal que durante los testimonios de las víctimas solo estén presentes las partes, sin público, para que no se las revectimice, por los delitos sexuales de los que fueron objeto. La solicitud se basó además en los tratados internacionales que establecen pautas respecto a este punto. De todos modos, no llegaron a declarar porque los jueces decidieron suspender la audiencia antes.
El primer testimonio fue el del expolicía de la provincia Arturo Rubén Morales, que está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravado por violencia o amenazas y homicidio calificado por alevosía. Dijo que él no participó de los operativos que se ventilan en este proceso. «Me declaro inocente”, expresó.
El fiscal Carlos Amad inició la indagatoria consultando sobre su tarea en la Seccional 9. El imputado dijo que entre 1976 y 1977 se desempañaba como sumariante, es decir, realizaba los expedientes. Reconoció a varios exagentes de policía imputados en la causa.
Contó que en 1977 trabajaba en la Seccional 9a de San Pedro y que por la noche estudiaba en la escuela Comercial, donde terminó el secundario. Dijo que el día de la detención de Víctor Jesús Segura, el 21 de septiembre de 1976, estaba con compañeros de escuela, y recordó que una de esos compañeros era la hermana de Segura. Relató que «se comentaba» que a Segura lo habían llevado a Tucumán, pero aseguró que él «no se interiorizó».
Pasados 40 años de aquel día, Víctor Segura permanece desaparecido. Lo secuestraron en la puerta de una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego fue conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán.
Este es uno de los hechos que se ventilan en este juicio. La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela y trasladados a la Seccional 9, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
El imputado Morales dijo en la audiencia haber visto dos veces a la joven Jenny Aquin Exeni, porque era pareja de su hermano. “No me acuerdo de ella. Esta señora dijo que yo la atendí en una oficina”, recordó de una declaración que había leído. Y agregó que “la señora trabajaba en el Hospital Paterson”.
Consultado sobre qué pasó con sus tareas a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, relató: «En esa época no comprendía, pero ahora sí; habíamos quedado subordinados al Ejército, aunque seguíamos haciendo la misma tarea». Describió que la Seccional 9 estaba junto a la Brigada de Investigaciones, y describió dos celdas que eran de mujeres, ubicadas en la Plaza de Armas, que según dijo también eran usadas por la Brigada cuando estaban desocupadas.
Arturo Rubén Morales aseguró que durante aquellos años nunca vio presos políticos.
En su extenso relato, describió la tarea que realizaban las oficinas de informaciones: dijo que trabajaban de civil «cumpliendo órdenes de superiores»; que investigaban a personas sobre su situación gremial, social, y que realizaban un informe semanal a la Unidad Regional 2, dirigido al jefe . Afirmó además que cada dependencia policial llevaba un libro de registro de detenidos o novedades, que eran entregados a la próxima guardia.
Respecto al detenido desaparecido Jesús Segura, contó que eran amigos, que jugaban al fútbol y que vivían cerca, pero que el grupo de amigos se desarmó cuando él ingresó a la Policía y otros, como Segura, comenzaron a estudiar en la Universidad en Tucumán.
En cuanto al comisario Morales, quien en 1976 fue designado secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Pedro, dijo que eran hermanos pero no biológicos, y que tenían una relación distante.
El hombre no pudo seguir prestando declaración, porque empezó a sentirse descompuesto. Los paramédicos constataron que tenía un cuadro de hipertensión, al igual que su esposa, que se encontraba entre el público.
El Tribunal decidió entonces levantar la audiencia pasadas las 9 de la noche y fijó el 12 de junio para la próxima audiencia.
Los procesados
Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.