El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
Testigos que brindaron testimonio en la audiencia de este lunes del quinto juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy, acusaron al expolicía Arturo Rubén Morales, uno de los procesados, de haber secuestrado y torturado en San Pedro de Jujuy durante la última dictadura militar. Uno de ellos lo increpó, reclamándole que diga dónde están los detenidos desaparecidos de esa ciudad.
Mercedes Susana Salazar, quien testimonió en el histórico juicio a las juntas militares que se desarrolló en 1985, recordó que su detención ilegal se produjo en mayo de 1975, en momentos en que se “acercaba” a las comisarías para averiguar el paradero de su pareja, Francisco Gallardo, que había sido secuestrado.
Para Salazar, el hermano de Morales (Enrique, ya fallecido) “era dueño de la vida y de la muerte en esa época en San Pedro” y exigió que Arturo Rubén Morales “diga las cosas que sabe y la verdad sobre dónde están nuestros desaparecidos”.
La víctima definió como un “equipo de patotas de la tortura y el secuestro” a los policías que realizaban las detenciones, y entre ellos nombró a “los hermanos Morales, Lezcano, Aldana y Guzmán”.
Denunció que tuvo que “aguantar” los acosos del efectivo Virgilio Aldana, «que custodiaba mi vida” una vez que recuperó la libertad.
En otro tramo de su declaración repudió tajantemente los delitos sexuales de las que fueron víctimas las mujeres en la Comisaría 9 de San Pedro, y relató que permaneció detenida durante cinco años entre los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en el Buen Pastor, en Jujuy, en las comisarías de Ledesma y San Pedro, y en la cárcel de Devoto.
El Tribunal Oral Federal de Jujuy (TOF) escuchó ayer testimonios de declaración de tres testigos víctimas, dos de los cuales apuntaron contra el expolicía Arturo Rubén Morales, acusado de cometer secuestros y torturas contra víctimas de la represión en la ciudad jujeña de San Pedro durante la última dictadura.
Otro testigo sobreviviente, Juan Giménez, simpatizante de la Juventud Peronista, fue detenido el 8 de mayo de 1975 en la localidad de Arroyo Colorado, pasando por los CCD de las comisarías de San Pedro y Ledesma, de la Central de Policía de la capital jujeña y del penal de Gorriti para ser liberado 5 años después en la Unidad 9 de La Plata, según relató.
Giménez refirió que conoció a los hermanos Morales, quienes desempeñaban funciones en la policía de San Pedro. “Enrique Morales era quien daba muchas órdenes en la novena; a veces vestía de civil, como su hermano Arturo, quien también impartía órdenes y era como su mano derecha”.
Continuando dijo que una vez que recuperó la libertad el ex efectivo policial Sergio Aldana -otro de los acusados en este juicio- “era el encargado de custodiar permanentemente cada movimiento que realizaba”, al tiempo que señaló que debía firmar algo así como una planilla de asistencia en la seccional de esa ciudad.
Denunció que sus familiares sufrieron hostigamientos permanentes por parte del personal policial “a tal punto que mi hermano tuvo que renunciar al colegio y posteriormente se suicidó” y atribuyó el hecho a las amenazas por parte de un policía que “le decían papilin Medina”.
Los hechos
La causa se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos ellos fueron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.
Fueron tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metán, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.
Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.
En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
En la requisitoria fiscal se detallan las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además que por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.
Los procesados
Los represores procesados en este nuevo juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.
Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.
Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.
Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.
