Este lunes alegaron las partes acusadoras en el quinto juicio de lesa humanidad que se desarrolla en Jujuy, el referido a la causa denominada “Morales”, que devela lo ocurrido en torno a la Comisaría 9 de San Pedro de Jujuy, que funcionó como un centro de detención ilegal y tortura en la última dictadura militar. La sentencia se conocerá en febrero.
Se escucharon los alegatos de Paula Álvarez Carreras, la abogada de una de las víctimas, Delmira Élida Garnica, y de María José Castillo, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Tal como habían adelantado al inicio del proceso oral y público, ambas letradas pidieron al el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 -integrado por los jueces Santiago Díaz (presidente del Tribunal), María Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaraz y Gabriel Casas- que condene también por los delitos sexuales que se conocieron y probaron durante el juicio.
“Llegamos a este juicio con cinco personas acusadas que pertenecían a la patota del grupo de tareas de la Comisaría 9 de San Pedro, que estaba a cargo del comisario Morales, hoy fallecido, y una mujer que también era parte de esa organización”, repasó Álvarez Carreras en diálogo con El Submarino Radio (91.5).
Recordó que en esa seccional se privó ilegítimamente de la libertad a las víctimas, que estaban bajo la responsabilidad de ese grupo operativo que dependía del Área 323, comandada por Benjamín Menéndez, bajo la cual estaban todas las fuerzas de seguridad de Jujuy.
“En ese lugar se sucedieron privaciones ilegitimas de la libertad y tormentos, diariamente. Los testigos dieron cuenta de que por las noches se escuchaba música alta y gritos de mujeres y hombres, y que parte de esos tormentos eran por la picana”, precisó Álvarez Carreras.
En sus alegatos, las querellas pidieron 25 años de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para Arturo Morales, Ramón Sánchez, Francisco Díaz y Oscar Guzmán, por los delitos de privación ilegitima de la libertad, agravada por haber sido cometida con amenazas, con violencia y por durar más de un mes, y tormentos agravados y violación reiterada en concurso real, todos como coautores. En el caso de la acusada Aída Ruiz, pidieron que se la condene como partícipe necesario de la privación ilegitima de la libertad y del sometimiento a tormentos. “En esa patota, las mujeres tenían la función de acompañar, asistir y crear las condiciones para que las mujeres detenidas fueran sometidas dentro de la seccional”.
La causa se refiere a la detención de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todas ellas fueron alojadas en la Seccional 9 de esa ciudad, donde fueron sometidos a torturas y vejaciones. En el primer operativo, el 21 de septiembre de 1976, fue secuestrado Víctor Jesús Segura, que tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido. Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro. En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.
Delitos sexuales
Al momento de prestar testimonio, Delmira Garnica relató que fue sometida a abuso sexual. “Esto es algo que conocemos desde que se inició la investigación y ella siempre lo declaró”, afirmó la abogada.
Sin embargo en la etapa investigativa este aspecto tuvo una interpretación judicial por la cual al no estar individualizado el abusador, no se podía imputar a nadie. “Las querellas no estuvimos de acuerdo, porque para nosotros eso no es así. Los delitos se produjeron en el marco de un plan sistemático de exterminio, basado en una relación de poder que les permitió a los represores, a los genocidas, tener la impunidad de cometer los delitos que pudieran, como parte de un plan. Y así como sometieron a tormentos y se apropiaron de niños, también cometieron delitos sexuales”, explicó Álvarez Carreras.
“Para nosotros estos delitos sexuales fueron cometidos por esta patota, que sí se pudo individualizar. Además Delmira Garnica contó que fue sometida por más de una persona. Entonces creemos que esta es la oportunidad para juzgarlos, a pesar de que no llegaron al juicio con esa acusación”, continuó.
En términos técnicos, pidieron que el Tribunal aplique el artículo 401 del Código Procesal Penal que los habilita a calificar de diferente manera el hecho que se juzgó.
-Al comienzo de este juicio, la fiscalía había adelantado que iba a tomar la misma postura, pero finalmente dejó los delitos sexuales afuera. ¿Qué pasó?
-Creemos que el Ministerio Público tiene otro criterio, que probablemente coincida con el que nosotros criticamos. Fue una oportunidad que se dejó pasar. No podemos esperar a que el juzgado individualice a las personas, porque las víctimas sometidas a esos delitos estaban encapuchadas, en una situación de indefensión. Por eso la interpretación que nosotros hacemos es la que tiene que ver con la forma de comisión de los delitos de lesa humanidad. Claramente esta era la oportunidad, porque además no se puede someter a las víctimas eternamente a la revictimización, cada vez que deben declarar. Ya hicieron declaraciones en la etapa de instrucción, con reconocimientos fotográficos, en Cámara Gesell, y nuevamente declararon en este debate. Nosotros creemos que necesitan la respuesta de la justicia, que ya llega tarde, después de cuarenta años. El Tribunal oral conoce estos hechos, que fueron probados, y necesitamos que se expida.
Futuro inmediato
La semana que viene será el turno de los alegatos de los defensores de los acusados. Luego habrá una pausa hasta febrero, y se espera que para fines de ese mes o comienzos de marzo el Tribunal dicte sentencia.
El siguiente juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Jujuy ya tiene fecha de inicio: el 17 de mayo de 2018. Se trata de la causa que investiga nada menos que los hechos conocidos como la Noche del Apagón, ocurridos en el departamento Ledesma a mediados de 1976. “Este juicio se demoró lo más que se pudo. Estaba en condiciones de iniciarse este año pero se demoró por su complejidad y por la acumulación de causas que implica”, explicó Álvarez Carreras.
En efecto, el expediente es una especie de megacausa que reúne nueve causas, referidas a hechos que se produjeron en diferentes puntos de la provincia.
Alberto Lemos y Carlos Blaquier, administrador y dueño del Ingenio Ledesma en el momento de los hechos, habían sido imputados en esta causa, pero obtuvieron la falta de mérito. Ahora la Corte Suprema debe resolver un pedido de revocación de esa falta de mérito. “En principio ellos no van a estar, a menos que la Corte resuelva a favor nuestro, y de inmediato”, indicó la abogada.