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Juicio de lesa: testigo relató cómo la policía de San Pedro había investigado a una de las víctimas

5 juicio may15 exterior 01

Se desarrolló este lunes una nueva audiencia del quinto juicio de lesa humanidad en Jujuy, que ventila la causa conocida como “Morales y otros”, que se refiere a la detención de un total de cinco personas en tres operativos desplegados en San Pedro entre 1976 y 1977. Todos los detenidos estuvieron alojados en la Seccional 9 de esa ciudad, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. Allí fueron sometidos a torturas y vejaciones.

En esta oportunidad declararon testigos ofrecidos por la defensa de los represores: Pascual César González, Santiago Camacho, Mónica Irusta de Mamani y María Susana Abad.

González era amigo de Tito Segura, uno de las víctimas en este juicio, que permanece desaparecido. Relató que en una oportunidad Segura lo fue a visitar a la heladería confitería en la que trabajaba, ya que había regresado a San Pedro para participar de la Fiesta de los Estudiantes.

Cuando estaban charlando, cuatro policías entraron al negocio vestidos de civil y se llevaron a Segura. Dijo que afuera, sentado en un auto, estaba uno de los acusados, el oficial Morales, que trabajaba en la comisaría 9 y que actuaba como el jefe del grupo de tareas.

El hombre contó que de inmediato le avisó aviso a la madre de Segura y a dos abogados de la ciudad, uno de ellos el exjuez penal de San Pedro de Jujuy, Argentino Juárez.

Reveló que días antes de la detención de su amigo, él había ido a la Seccional 9 para realizar unos trámites, y que allí fue demorado e interrogado sobre las actividades que desarrollaba Segura en Jujuy y Tucumán. «Estaba marcado, lo estaban buscando”, le dijo al Tribunal.

Dos víctimas

En la audiencia anterior, testimoniaron Lidia Amado y Elisa Rosa Juárez, que en septiembre de 1976 fueron secuestradas en la ciudad de Libertador Gral. San Martín y trasladadas a la comisaría 9 de San Pedro.

Ambas mujeres, que en ese entonces tenían 21 y 17 años, integraban el Centro de Estudiantes de la escuela Normal de Libertador y habían sido compañeras de los estudiantes secuestrados en la Noche del Apagón y otros que estaban en Tucumán.

Ante el Tribunal Oral Federal N° 1, Amado y Juárez confirmaron haber visto en la comisaría a los policías Enrique Morales -ya fallecido- y su hermano Arturo Rubén, que es uno de los acusados en este juicio, algunos días de uniforme y otros de civil.

Una de ellas relató que cuando las dejaron en libertad sufrieron varios allanamientos en sus casas, siempre cuando en la empresa Ledesma se desarrollaba algún evento social. Las dos coincidieron en que esas situaciones las vivían todos los expresos políticos.

También declaró la esposa de uno de las víctimas, Juan Carlos Valenzuela. La mujer no pudo aportar información de valor, ya que, según explicó, no se interiorizó de la detención de su marido porque «era mujeriego». De hecho, el matrimonio terminó en divorcio. Sí comentó que cuando Valenzuela fue liberado volvió a la casa «sucio, maltratado, golpeado y con piojos», pero dijo desconocer las causas.

Los hechos

Los hechos que se investigan en esta causa están vinculados con tres operativos policiales diferentes. En el primero, Víctor Jesús Segura fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 en una heladería del centro de San Pedro de Jujuy, y luego conducido a la Seccional 9. Al momento de su secuestro, Víctor, que había nacido en la localidad salteña de Metan, tenía 24 años y estudiaba en la Universidad Nacional de Tucumán. Permanece como desaparecido.

Otras tres víctimas son Jenny Aquin Exeni, que tenía 18 años; Delmira Élida Garnica, de 31, y Juan Carlos Valenzuela, de 34, todos ellos sobrevivientes. Los tres fueron secuestrados cuando se dirigían de San Salvador a San Pedro en el auto de Valenzuela. Iban al bar Zákate, próximo a la Comisaría 9. Al salir de la confitería, fueron detenidos por policías y trasladados a esa seccional, donde fueron alojados de manera ilegal, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de detención.

En el último de los hechos que se ventilan en este juicio, Antonio Elías Díaz fue secuestrado por personal de la Policía provincial durante un allanamiento ilegal en su casa en San Pedro de Jujuy, cuando estaba con su amigo, Raúl Oscar Nacer.

En la requisitoria fiscal se detallaron las torturas que padecieron las víctimas en la Seccional 9, que fueron relatadas en la etapa de instrucción por los sobrevivientes. En las sesiones de tormentos, que incluían la aplicación de picana, participaban entre dos y tres policías. Así lo relató en su declaración Jenny Aquin Exeni, quien contó además qué por las noches, sin que hubiera ningún interrogatorio, los uniformados abusaban sexualmente de ella y de Garnica.

Los procesados

Los represores procesados en este juicio oral y público son cinco hombres y una mujer que en el momento de los hechos pertenecían a la Policía de la Provincia y se desempeñaban en la Seccional 9 de San Pedro de Jujuy.

Arturo Rubén Morales está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, homicidio calificado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Ramón Sánchez está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Francisco Lauralicio Díaz está acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad, con el agravante de violencias o amenazas, del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Oscar Francisco Guzmán está procesado por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas, y del delito de torturas, en grado de coautor, todos en concurso real.

Virgilio Sergio Aldana está procesado por el delito de allanamiento ilegal cometido en perjuicio en carácter de partícipe secundario, todos en concurso real.

Aída Isabel Ruiz está acusada por los delitos de privación ilegítima de la libertad con el agravante de violencias o amenazas y el delito de tortura, todos en concurso real.

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