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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizó ayer una nueva audiencia del proceso a la Corte Suprema nacional, sin la presencia de los funcionarios cambiemitas, Germán Garavano ex ministro de Justicia; José Torello, exjefe de asesores de Presidencia, y del prófugo Fabián Rodríguez Simón, ex operador judicial de Mauricio Macri, que habían sido citados como testigos por ese cuerpo.
Al iniciar la reunión, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos) precisó que los testimonios de esta nueva audiencia estaban vinculados con «una de las hipótesis relativa a la causa Muiña (fallo del 2×1), y el posible acuerdo o encubrimiento entre la Corte Suprema y el entonces Gobierno de Macri de una política que cambie el paradigma para beneficiar a genocidas y represores».
Gaillard precisó que Garavano presentó una notificación, en la que manifestó la «imposibilidad de concurrir» a la reunión y pidió reprogramar la audiencia, al igual que el exviceministro de Justicia, Santiago Otamendi.
En cuanto a «Pepín» Rodríguez Simón, la diputada del FDT informó que el exfuncionario envió una nota a la comisión, donde expresa su situación particular por las cuales está en Uruguay y en la que afirmó que «no tiene nada para aportar en la causa».
Justamente ayer la Suprema Corte de Uruguay declaró «inadmisible» el recurso de Casación interpuesto por Rodríguez Simón, quien buscaba que se habilitara su solicitud de refugio político, lo que le hubiera garantizado no tener que regresar a la Argentina donde es reclamado por la jueza María Servini, quien lo llamó a indagatoria por la acusación de hostigamiento al Grupo Indalo.
La citación está vinculada con el fallo del «2×1» en favor de genocidas condenados, dictado en 2017 por la Corte Suprema, una de las resoluciones por las cuales son acusados los ministros del máximo tribunal.
Gaillard informó además la ausencia de Torello, quien envió una nota desacreditando la potestad de la comisión para citarlo y dijo que el senador «tiene la obligación de concurrir».
«No lo estamos convocando en calidad de imputado, sino de testigo», aclaró la legisladora, y dijo que se le va a reiterar la citación. Y si volviera a ausentarse «se le va a elevar a la Presidencia del Senado que tome las medidas pertinentes».
En su nota, Torello dijo que «la Cámara de Diputados carece de competencia para citarme a ser interrogado en razón de mi condición de Senador de la Nación, por lo que hago saber a la señora presidente (Carolina Gaillard) que no avalo ni admito interrogatorio alguno que menoscaben la inmunidad que protegen la función que ejerzo por mandato popular».
El presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, sostuvo que Torello «es un senador de la Nación que tiene que decir la verdad y contraponer los hipotéticos fueros» y afirmó que «este es un juicio político, no penal».
El diputado del FDT Rodolfo Tailhade expresó por su parte: «Acá hay que aplicar la doctrina impulsada por el legislador del PRO Pablo Tonelli, al explicar que consiste en pedir al Senado ‘la dispensa de la inmunidad, una suspensión momentánea de la inmunidad funcional'», al anticipar que plantearía esa medida durante el transcurso de la reunión.
Entre los testigos que concurrieron, la exenfermera Gladys Cuervo, víctima de la dictadura en el Hospital Posadas, sostuvo hoy que el fallo del «2×1» que benefició a uno de sus represores, Luis Muiña, dictado en 2017 por la Corte Suprema, fue «una amnistía encubierta» y consideró que se trató de una decisión «del partido judicial que vino a continuar con la obra del partido militar».
Cuervo, una de las víctimas del llamado ‘grupo Swat’, que integraba Muiña, relató que no conocía a los integrantes de la Corte «sino por sus fallos» y recordó que el represor «integraba una patota paramilitar que actuaba impunemente con uniforme, fusiles al hombro y actuaba a cara descubierta».
Las preguntas formuladas por diputados del FDT, encabezados por Tailhade y Hugo Yasky, fueron cuestionadas por legisladores de JXC, que acusaron al oficialismo de «hostigar y revictimizar» a los testigos que comparecen ante la comisión.
Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, secuestrado y torturado por Muiña, sostuvo que «la Corte Suprema quiso en la figura de él, nunca entendí por qué, lo hayan elegido para estar en el 2 x1, que nos cayó muy mal».
Tras calificar ese fallo como «una aberración jurídica», Chester relató que «tengo hijos que doblan la edad que yo tenía cuando secuestraron a mi padre y seguimos buscando justicia», al señalar que «durante el gobierno de Macri hubo una oficina de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) en el Hospital Posadas, ubicada en la planta baja, cerca de lo que antiguamente era la dirección del hospital».
El subprocurador general del Tesoro de la Nación y exdirector de Asuntos Jurídicos al momento del fallo Muiña, Horacio Diez, dijo que «la demanda de la Dra. Elena Highton (exjueza de la Corte) era un caso de relevancia institucional. Tenía que ver con la integración del alto tribunal y era un proceso de amparo por lo que era imprescindible responder por parte del sistema jurídico».
María Ángeles Ramos, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, precisó que esa dependencia «tiene una posición institucional en la cuestión de política criminal. Los distintos planteos tenían que ver con la aplicación retroactiva o ultraactiva de la vigencia de la ley del 2×1″.
En una de las exposiciones más extensas de la jornada, el secretario letrado de la vocalía del juez de la Corte Carlos Rozenkrantz, Federico Morgenstern, reconoció que mantuvo reuniones con la exministra del tribunal Elena Highton en torno al ‘fallo Muiña», aunque aclaró que «fueron exclusivamente sobre temas jurídicos».
«Recuerdo lo alocado que me pareció el surgimiento de esa tesis en aquel momento», señaló Morgenstern, que mantuvo un singular intercambio con los diputados, en los que por momentos cambió de rol y realizó preguntas a los legisladores o comentó anécdotas de su vida personal.
Dijo que no podía revelar el contenido de las conversaciones con Highton o con letrados de otras vocalías porque se amparaba «en el secreto de confidencialidad de la Corte Suprema».
Los testimonios de ayer habían sido solicitados en el marco del proceso de juicio político de la comisión contra los jueces de la Corte Horacio Rosatti (presidente), Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Desde la oposición, los diputados de JxC enviaron una nota a la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, en la que advierten sobre supuestas irregularidades cometidas en el trámite y denunciaron «hostigamiento» a los testigos que concurrieron a las audiencias.
Por último, a instancias de Tailhade, se resolvió citar para una próxima reunión a los periodistas Jorge Lanata, Martín Granovsky, Irina Hauser y Luciana Bertoia, para seguir recolectando testimonios.
El Frente de Todos (FDT) impuso su número en la comisión para pedir que esos periodistas asistan a la comisión para que ratifiquen lo expresado en artículos sobre la secuencia que precedió al «fallo Muiña» de la Corte, con el aval de tres de los cinco magistrados que en ese momento integraban el máximo tribunal.
Estos cuatro nombres se suman a los de Ignacio Miri y Silvana Boschi, cuya convocatoria ya había sido resuelta por la comisión, aunque también sin fecha precisa de asistencia.
La presidencia de la comisión aún no resolvió cuando retomará su tarea, ya que la semana que viene está prevista una sesión para el martes 28 y la exposición del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, para el miércoles 29.
