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Tras el pedido en la Legislatura de juicio político contra el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello, y la suspensión de sus funciones en la sesión de este jueves, sólo falta que el gobernador Carlos Sadir defina si acepta o no su renuncia para saber si sigue o no el proceso de enjuiciamiento político.
Hasta este momento no hubo información oficial sobre los fundamentos de la denuncia que motivó el pedido de juicio político, que fue presentada, entre otros, por los exfiscales Walter Rondón y Rodrigo Fernández y una abogada que se desempeñó en el MPA en el pasado, Agustina Aramayo.
Según la actual constitución provincial, aprobada en 2023, Lello se constituyó en la máxima representación de la sociedad para iniciar acciones penales contra la ciudadanía, además de designar a gusto y piacere a los fiscales, más allá de la designación formal que pasa por la Legislatura.
El jefe de los fiscales ha renunciado. Es la primera autoridad que abandona su cargo por supuestos ilícitos, entre ellos el incumplimiento de deberes de funcionario público.
Si el gobernador Sadir le acepta la renuncia, el juicio político se cae. De lo contrario, avanzará el proceso por el cual Lello será finalmente destituido.
