El Submarino Jujuy Noticias de Jujuy, Argentina y el mundo
El exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi aseguró ayer que su desplazamiento de ese cargo estuvo vinculado a que se «negó a encubrir» a Silvio Robles, mano derecha del ministro Horacio Rosatti, como también al titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Mariano Althabe.
Marchi formuló estos conceptos al declarar ante la comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal, para lo cual leyó un escrito en una audiencia que incluyó un contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.
El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, que es una de las causales de los procesos de juicio político abiertos contra los cuatro ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En el primer tramo de su exposición, Marchi afirmó que «los que tienen que dar la cara brillan por su ausencia, dos ministros y dos funcionarios», y luego agregó: «Muchas veces preferí quedarme sin trabajo para no perder mi dignidad, pero sabía que iba a pasar en algún momento porque me negué a encubrir a Althabe y Robles».
«Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué», sostuvo.
Y añadió: «Le dije (a Rosatti) que no me asustaban sus amenazas; por eso pedí en sede judicial incorporar el legajo del doctor Althabe».
«Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social», denunció el contador Marchi.
El exadministrador de la Corte apuntó luego a la figura de Silvio Robles al denunciar «el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos» de la Cámara Federal de Casación Penal, principal tribunal penal del país.
Según declaró Marchi ante la comisión de Juicio Político, la Cámara Federal de Casación Penal recibió «pedidos» de Robles.
Uno de los fallos presuntamente negociados, siguió Marchi, apuntaba a mejorar la situación judicial de Rosatti en una demanda iniciada por un exchofer del municipio de Santa Fe.
Esa causa estuvo a cargo del juez Reinaldo Rodríguez hasta 2021, cuando el magistrado fue recusado por el titular del máximo tribunal.
«Quiero denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación. Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un exchofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses», leyó Marchi en su presentación.
Marchi declaró luego de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, quien relató la difícil situación que pasó la OSPJN en el marco de la pandemia, durante la cual falleció su esposo.
«Quise venir a testificar porque las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social. Hacía un año de la pandemia y me dejó abandonada», confió la magistrada.
Forns dijo que contrajo coronavirus en abril del 2021 y contó que cuando su marido necesitó atención médica primero estuvo internado en Cemic, aunque luego le pidieron trasladarlo, pero tenía muchas dificultades porque «nadie atendía» en la OSPJN.
La jueza sostuvo que finalmente fue trasladado al Sanatorio Güemes, que no tenía contrato con la Obra Social, pero allí «no sabían si iban a cobrar o no porque no había contacto con la obra social».
Después, intentó comunicarse con el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien contactó a través de sus secretarias, «porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, y era el único que podía hablar con Aldo Tonón», exdirector de OSPJN, para que pueda realizar alguna gestión para la atención de su marido.
El tercer invitado de la tarde, el contador Nicolás Serafini, expuso sobre su labor como auditor externo en relación a los balances de la OSPJN, que él mismo suscribió.
«El primer año que me contrataron fue para realizar el trabajo de estudios contables del año 2008. Lo primero que solicité fue la información previa y ahí veo que no había balances del 2007 ni de 2006, solo había información reciente del 2005, por lo cual el contrato se extiende a realizar los balances de esos años que faltaban», repasó.
Ante una consulta del oficialismo, Serafini aclaró: «Solo estaba hecho el balance del 2005, que no tenía una auditoría realizada. Había información que se me presentó como balance, pero a mi entender no cumplía con los requerimientos. No estaba auditado y era la última información contable que había en la obra social».
Además, puso de relieve que «los primeros informes no tienen una opinión favorable, tienen abstención de opinión los de 2005 y 2006. A partir del 2008 empecé a firmar la auditoría, tienen opinión de razonabilidad. Previo a eso hicimos un informe sobre la situación que encontramos en la obra social».
En su descripción de los balances de la OSPJN, el auditor externo dijo que se encontró con que en el sistema contable de la obra social había información «en apariencia incompleta» que además era «vulnerable», ya que podía ser modificada incluso a pesar de que un ejercicio contable estuviera cerrado.
Al comenzar la reunión, la presidenta de la comisión de Juicio Político, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard informó que se reprogramará para más adelante el testimonio del secretario letrado Santiago Clerici debido a la extensión del testimonio de Marchi.
Además, Gaillard informó que la legisladora de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña había pedido citar al gremialista Julio Piumato, titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), moción que fue aprobada, y dijo que Piumato será convocado junto a otras autoridades del sindicato.
«Vamos a acompañar esta ampliación, porqué así como fue ofrecida Marieta Urueña Russo, que es secretaria general de Sitraju República Argentina, es correcto que también esté presente la otra asociación sindical y que oportunamente se los invite a ambos para hacer la declaración», fundamentó Gaillard.
La comisión también votó una propuesta de la diputada Vanesa Siley (FdT) que propuso sumar a las pruebas las «resoluciones que designan a Marta Herrera Alem tanto a cargo de la vocalía del doctor (Juan Carlos) Maqueda, como luego a cargo de la vicepresidencia de la obra social».
Marchi expuso hace dos semanas ante los diputados que integran la comisión, pero volvió a ser convocado ya que en su primera declaración solo pudieron realizarse las consultas de los legisladores del oficialismo.
En los minutos finales de la reunión, el jefe del bloque del FdT, Germán Martínez, no descartó ampliar las causales del juicio político al afirmar que su espacio «se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tenga que hacer en términos políticos», ante la decisión del tribunal de suspender las elecciones de Tucumán y San Juan.
Martínez respondió así a una intervención del jefe del bloque de diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien minutos antes había planteado: «Esperemos que ahora el oficialismo no tome esta decisión de la Corte para presentar un nuevo pedido de juicio político, porque si no esto no se termina más».
«Nuestro bloque se va a reservar la posibilidad de hacer todas las acciones que tengan que hacer en términos políticos, todas. Y si consideramos que hay posible causal de mal desempeño, no le quepa la menor duda que también vamos a hacer una presentación de pedido juicio político contra los integrantes de la Corte», prometió Martínez.
