Los tres amigos de Lucas González que fueron testigos del asesinato del adolescente de 17 años con el que iban en un auto que fue atacado a tiros por una brigada de la Policía de la Ciudad, en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, declaran este martes en el juicio al que son sometidos 14 efectivos de esa fuerza, al igual que los padres de la víctima, quienes recordarán a su hijo y lo que vivieron tras el crimen.
Fuentes judiciales confirmaron a Télam que Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca declararán en la segunda audiencia que se desarrollará a partir de las 9 en la sala Auditorium de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro.
Los jóvenes darán su testimonio tanto en su carácter de testigos del asesinato como de víctimas, ya que los tres fueron sometidos a torturas por parte del personal policial que llegó al lugar tras el hecho.
También se espera que los padres de Lucas, Mario «Peca» González y Cintia López, declaren durante la misma jornada como testigos del debate que tiene a tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados del homicidio del joven y a otros 11 imputados del posterior encubrimiento y las torturas contra los otros tres chicos.
Los voceros judiciales dijeron que el primero en declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, será el papá de Lucas, tras lo cual lo hará su esposa y madre de la víctima. La mujer estará acompañada por una psicóloga o psiquiatra y declarará en caso de que se encuentre en condiciones de hacerlo.
Luego será el turno de atestiguar de los tres jóvenes amigos de Lucas que estaban con él cuando el auto en el que se movilizaban fue atacado a tiros por la policías, en lo que se intentó hacer pasar como una persecución y tiroteo con delincuentes.
Según la instrucción de la causa, llevada a cabo por el fiscal Leonel Gómez Barbella, los cuatro se encontraban el 17 de noviembre de 2021 a bordo de un Volkswagen Suran cuando fueron interceptados cerca de las 9.45 por un vehículo Nissan Tiida, sin identificación ni balizas, en el que iban tres policías de la Brigada de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, en Barracas.
En la escena del hecho, los adolescentes fueron señalados como presuntos delincuentes y, tras ser insultados, maltratados y esposados, fueron trasladados en calidad de detenidos al Instituto de menores Inchausti, desde donde fueron liberados tras comprobarse que, al igual que Lucas, eran jugadores de las inferiores del club Barracas Central.
De las declaraciones de los adolescentes en la etapa de instrucción de la causa surgió que el inspector Gabriel Alejandro Issasi (41), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37) -los tres policías acusados de homicidio- los amenazaron, les dijeron «villeros» y «negritos» y los mantuvieron esposados y tirados en el piso mientras Lucas agonizaba en el auto.
Por tal motivo, Issasi, López y Nieva, quienes integraban la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, llegaron a juicio detenidos y acusados de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».
En la primera jornada del debate oral, los tres efectivos, quienes son defendidos por el abogado Fernando Soto, declararon sin aceptar responder preguntas, y en la misma línea aseguraron que actuaron «en legítima defensa» y «en cumplimientos del deber», por lo que no cometieron «ningún delito».
En tanto, otros 11 policías que llegaron a juicio acusados de encubrir el hecho mediante diversas maniobras -entre ellas «plantar» un arma en el auto de las víctimas- y también de someter a torturas a los jóvenes, enfrentan cargos por «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas».
Además, en el caso de dos de ellos también por «falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados».
Todos ellos se negaron a declarar en la primera jornada del juicio realizada el 16 de este mes, por lo que sus indagatorias en la instrucción de la causa fueron incorporadas al debate por lectura.