Juicios de lesa: el desafío de luchar contra el punto final biológico

Por Lucho Soria. A 39 años de la dictadura militar, los cursos de acción de los juicios para condenar a los responsables de la represión tienden a diluirse. El punto final biológico es irreversible dado que la mayoría de los imputados tienen más de 80 años.

Salas de Casación, magistrados, defensores oficiales, entre otros operadores judiciales, conspiran contra la Memoria, la Verdad y la Justicia (MVJ), no desde ahora. La conformación de tribunales para las 120 causas elevadas a juicio es un nudo gordiano. Más de una mano se necesita para desatarlo.

Este cuadro de situación fue advertido por esta agencia a fines del año pasado y con el correr de los meses se ha potenciado para llegar a este devastador panorama, al que se acaba de agregar, por ejemplo, que el Juzgado Federal de San Martín no tiene jueces.

Efectivamente en la nota publicada en portales nacionales (entre otros en www.prensared.org.ar), se precisaba que en el 2014, en Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, San Juan, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, entre otras provincias, no se realizaron juicios desde hacía más de un año, y salvo en la última provincia nada ha cambiado.

Aunque corresponde señalar que en los pagos de Gildo Insfrán a más de 10 años de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son 10, apenas 10 los condenados y los prófugos más de uno.

Subversión fabril

En los recientes fallos que obturan el juicio a los empresarios, por ejemplo, está el de Carlos Pedro Tadeo Blaquier. En rigor, los miembros de la Sala IV de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi completaron la tarea iniciada por el juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quien goza de la más prolongada licencia por enfermedad tras ser eyectado del cargo después de una masiva movilización popular por las calles de Jujuy el 24 de marzo 2012.

Precisamente días después se “enfermó” y desde entonces percibe su sueldo como si nada hubiera pasado. Olivera Pastor y su protector, Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal Salta, gozan de una impunidad manipulada desde CABA.

En rigor todos ellos hicieron suya la afirmación del líder radical Ricardo Balbín, cuando acuñó la frase “la subversión fabril” en 1975. La denominación implicaba la bendición de la UCR a la represión a la resistencia obrera a la explotación.

Otros modelos de la morosidad: el juicio en Junín. Tras 9 años -sí, 9 años desde el inicio de la instrucción- se condenó a los represores.

Más ejemplos: en Jujuy, el Tribunal dispuso una sola audiencia por semana; el iniciado en San Rafael volvió a fojas cero, dado que Casación no cubrió la vacante del juez renunciante; Santiago del Estero, sentarlo en el banquillo de los acusados al ex juez federal Arturo Liendo Roca y al ex fiscal Santiago Olmedo de Arzuaga, pese a que en junio del pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán los consideró “parte de la asociación ilícita para garantizar la impunidad de los actores que intervinieron en el plan sistemático”, choca con las idas y vueltas de la Justicia Federal.

Una red de complicidades que no fue parida ahora, todo lo contrario sucede en el marco de que los juicios son políticas de Estado. En Córdoba, la apropiación del nieto de Sonia Torres es un espejo de cómo funciona los engranajes de complicidad: la monja Monserrat Tribo cuando tenía que sentarse a declarar a quién lo entregó, sufrió de amnesia, lo que no le impidió sacar pasaje en avión y refugiarse en un convento de Barcelona. Obvio que más de una mano generosa le solventó el pasaje de ida, salvo que ella después de rezar el rosario, recuperó la memoria y se acordó de la dirección de las compañías aéreas y abonó puntualmente el pasaje.

El inventario de la red de complicidades arranca en la dictadura y se prolonga en democracia, no el conjunto de miembros del Poder Judicial, pero si los que tiene poder, como ha quedado demostrado en forma didáctica.

Qué hacer

Esa pregunta ronda en forma permanente entre quienes tienen la responsabilidad institucional de zafar de ese cepo, aunque no todos con el mismo vigor. En ese sentido la fragmentación es un déficit y demanda unidad en la acción contra la impunidad en ciernes.

Un informe del Ministerio Público Fiscal revela lo que otros ocultan, el panorama de los juicios, del cual se desprende que de las 456 causas en trámite, 120 están elevadas a juicio,  en 40 de ellas los fiscales formularon el requerimiento de elevación a juicio.

Precisamente para resistir la embestida de impunidad, el miércoles 8 de abril se concretará una reunión de la Mesa de Diálogo Institucional y Social a instancia de los responsables de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del MPF para iniciar una ronda de jornadas nacionales con el fin de establecer una estrategia.

Y en la misma sintonía, para fines de abril se realizará la segunda jornada nacional de abogados querellantes de todo el país. Ambas se desarrollaran en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Es que Memoria, Verdad y Justicia por quienes nunca se dejaron ganar por la impotencia y el desánimo no cede. Entre las acciones de quienes fueron cómplices del botín de guerra y las acciones de la militancia media una distancia enorme, no de palabras, sino de significación acerca de cuál es la sustanciabilidad de la democracia en el contexto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.