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La reciente creación de nuevos tribunales y la designación de funcionarios judiciales en la provincia marcan un avance significativo en la descentralización de la justicia, facilitando el acceso a este servicio esencial para los ciudadanos.
En una sesión especial, se aprobaron diez pedidos de acuerdo para cubrir vacantes en el Poder Judicial – Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) -, tras un exhaustivo proceso de selección que incluyó evaluaciones y entrevistas ante un tribunal evaluador.
Entre los nuevos funcionarios designados se encuentran los jueces Marcelo Juárez Almaraz y Leonardo Ariel Zazzali, quienes asumirán funciones en la ciudad de San Pedro. Además, se nombró un nuevo agente fiscal regional en San Salvador, así como una agente fiscal en La Quiaca y seis defensores oficiales que atenderán diversas áreas del derecho, incluyendo civil, penal y derechos de niños, niñas y adolescentes.
El diputado Adriano Morone, del bloque Frente Cambia Jujuy, destacó que este proceso refleja un cambio positivo en la designación de funcionarios judiciales. «En los últimos años se ha dado un cambio muy importante en la designación de los funcionarios judiciales, son todos abogados que se presentaron a rendir los concursos ante el tribunal evaluador», afirmó. Este enfoque busca garantizar que los seleccionados cuenten con las competencias necesarias para ejercer sus funciones adecuadamente.
La implementación de estos cambios responde a una necesidad urgente de agilizar el servicio de justicia en Jujuy. Morone subrayó que «no solo a través de nuevos códigos de procedimiento que buscan dar mayor celeridad a los procesos», sino también mediante la creación de nuevos fueros y tribunales. Esto permitirá descongestionar los tribunales existentes y mejorar la eficiencia del sistema judicial en general.
Asimismo, se está trabajando en la creación del Consejo de la Magistratura, conforme a lo establecido por la nueva Constitución Provincial. Hasta que esta ley sea aprobada, continuará funcionando el Tribunal Evaluador, asegurando así una transición ordenada hacia un sistema más robusto y efectivo.
En conclusión, estas reformas no solo representan un avance estructural en el sistema judicial jujeño, sino que también son un paso crucial hacia la mejora del acceso a la justicia para todos los ciudadanos de la provincia.
