Por Gabriela Tijman*. En octubre Jujuy fue sede del 37mo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. La organización fue un desafío, en tiempos de desarticulación y desaliento. Con la llegada de miles de militantes de todo el país y la participación en marchas, talleres, ferias y movidas artísticas, volvió a reunirse lo que parecía disperso.
La sociedad jujeña viene de atravesar un 2023 en el que las movilizaciones en rechazo a la reforma de la constitución provincial juntaron a docentes, trabajadores estatales, comunidades originarias y referentes sociales de los más diversos sectores, con una participación que no se veía desde varios años atrás. Ocho años, se puede decir.
Al evocar esos días, hoy se habla de derrota. La Constitución provincial se reformó de acuerdo a los planes del entonces gobernador Gerardo Morales, mientras que la represión y la persecución judicial que se extiende hasta hoy -una veintena de integrantes de organizaciones sociales enfrentarán un juicio oral y público por haber participado de las protestas- han logrado disciplinar a los colectivos y sembrar el miedo a la exposición pública.
Todo esto, en medio de un panorama nacional de avance de una derecha conservadora radicalizada que no solo niega la agenda de género sino que además legitima ataques y amenazas contra el movimiento feminista y desguaza políticas públicas destinadas a garantizar los derechos conquistados.
En este contexto, los activismos de Jujuy, y especialmente las mujeres y diversidades, atraviesan una etapa de repliegue que, de todos modos, no implica abandonar la acción. Más bien se trata de acotar las trincheras, concentrar la energía en el cotidiano, sostener lo logrado en el barrio y mientras tanto pensar. Pensar mucho.
“Estamos en un contexto bastante siniestro, hay una avanzada muy despiadada en todos los frentes”, describe Marina Ariza, trabajadora social que se desempeña en el hospital Miguel Miskoff de Maimará, donde funciona la única consejería en salud sexual y reproductiva de la Quebrada y la Puna.
En el puesto de salud del barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy. Hay menos recursos nacionales, pero se redobla el esfuerzo para la atención en derechos de salud reproductiva
Marina habla con preocupación. Hace más de veinte años que llegó a Jujuy y empezó a trabajar con mujeres de las zonas rurales andinas, hablando de derechos y de perspectiva de género. En 2009 se incorporó al hospital de Maimará, en ese entonces de la mano del médico Miskoff, y a partir de allí se capacitó y concentró su tarea en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
“Me emociona recordar lo que hemos peleado, lo poquitos que éramos”, dice al evocar aquellos comienzos, y vuelve al presente para trazar un diagnóstico: “El desafío para los activismos, para el feminismo en particular y el movimiento de derechos humanos en general, se presenta muy complejo. Es un desafío defender lo ya logrado, porque nos encontramos teniendo que volver a levantar banderas sobre cuestiones que creíamos que estaban saldadas”.
Es que nunca nada está saldado. Esto que parece una obviedad, a veces se desdibuja tras el entusiasmo por los derechos conquistados. Y también por una sensación que recorre el cuerpo y el alma del activismo: no puede ser que estemos discutiendo esto otra vez.
“Hay un cansancio y no sabés por dónde encarar primero”, define Ailén Vilte, trabajadora social que se desempeña en el puesto de salud del barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy. Repasa los hechos que ocurrieron en la provincia en 2023 y diagnostica: “Esa fue una batalla perdida en la calle y todavía seguimos con violencia, con causas judiciales. El disciplinamiento está funcionando”.
Está costando volver a encontrarse. El cansancio y la ofensiva ultraconservadora son quizás las principales causas, pero no las únicas. También hay razones personales. “Lo subjetivo nos afecta un montón, entonces hay que respetar hasta dónde puede cada una en su individualidad, a qué le quiere dar importancia y lugar en su tiempo y en su vida”, concede Ailén.
Ahora y siempre. Ailén Vilte con megáfono en un flyer de las socorristas en 2020, meses antes de la sanción del aborto legal en Argentina. Foto gentileza Caro Paldin
Barajar y dar de nuevo
Martina Montoya es maestra, militante de derechos humanos y feminista. Es de Libertador General San Martín, la ciudad cabecera del departamento Ledesma. Para ella, la situación económica y social es clave a la hora de pensar qué ocurre hoy con las militancias: “Hay un activismo que estaba muy relacionado con los programas sociales, y muchos y muchas han tenido que salir a buscar otro rumbo al no tener esa asistencia que les permitía hacer la militancia. Otras compañeras sostenían su activismo a pulmón, y hoy eso se está haciendo muy difícil, no solo por lo económico sino también por la persecución y la estigmatización. Y están también quienes no estaban del todo convencidos y decidieron apartarse”.
Martina Montoya
En cualquier caso, aclara Martina, “nadie se olvida de lo que ha aprendido en el activismo; quizás solo han bajado el perfil”.
La IVE hoy
En este marco, garantizar que se cumpla con la ley de interrupción voluntaria del embarazo aparece como una de las cuestiones más urgentes. En general, la atención de la salud sexual y reproductiva es el área donde se puede hablar de una experiencia instalada, unas redes activas que, formales o no, sostienen, acompañan y garantizan la atención en el día a día.
Son acciones desplegadas en el barrio y en el pueblo. Porque al desmantelamiento de políticas públicas a nivel nacional se suma que el gobierno local, si bien no obstaculiza, tiene una actitud pasiva en cuanto a difusión de información, provisión de insumos, capacitaciones y apoyo al personal de salud involucrado. La provincia está comprando anticonceptivos y misoprostol a cuentagotas, y sin que se conozcan datos oficiales se sabe que no alcanzarán para atender la demanda y el futuro inmediato se presenta incierto.
Además, el gobierno provincial cortó la articulación de años anteriores con los colectivos del territorio. “El estado quiere concentrar el control -analiza Marina Ariza-. No quiere saber nada con el activismo, hay una negativa fortísima”.
En Jujuy se llegaron a armar 15 consejerías en Salud Sexual y Reproductiva, con equipos psicosociales que hoy prácticamente no están funcionando, pese a que en la mayoría de los puestos de salud hay personal dispuesto a buscar la manera de cumplir con el servicio.
“Se está volviendo difícil sostener los acompañamientos”, describe Ailén Vilte, que en el CAPS del barrio Belgrano de la capital provincial pone en juego la experiencia acumulada en los años en que perteneció a las Socorristas de Jujuy.
Cuenta que “las personas que acuden se encuentran algunas veces en una situación en la que se acrecienta la ansiedad, por la espera, cuando en teoría tiene que ser una práctica garantizada como urgencia”. Ella acompaña, brinda información, coordina con las médicas para que hagan la receta y mantiene el teléfono abierto para cualquier consulta.
“Cuidamos mucho nuestros celulares -dice Martina Montoya-, procuramos no perder los números porque sabemos que nuestro contacto está a disposición de las compañeras en el momento que lo necesiten”.
Las agentes sanitarias que recorren los barrios son las primeras en identificar los embarazos no deseados. “Podés ir a la salita y charlar con la trabajadora social, podés informarte, pensalo”, sugieren.
Las redes con el socorrismo, aun cuando se desarmó como organización, están activas. Incluso para la compra de medicación o para pagar un pasaje, si es necesario. Así trabajan los equipos, articulados, derivándose de un barrio a otro, de una localidad a otra.
“Quedó el compromiso, incluso de algunas que quizás ya no están en alguna organización. Se maneja la información y las chicas saben adónde pueden recurrir”, dice Martina. Desde Libertador, ella recibe consultas desde otras localidades de la zona. “Le doy información y llamo a la médica para preguntarle en qué horario atiende”, relata.
Las obstétricas también juegan un papel clave, mientras que en el caso del personal médico la situación es más despareja. En toda la Quebrada y Puna, desde Maimará hasta La Quiaca, hay solamente una médica que garantiza la práctica, la ginecóloga Selva Palavecino, que integra el equipo con Marina Ariza y con la psicóloga Soledad Gargiulo. Y en el departamento Ledesma también hay una sola profesional, la generalista Claudia Carballo.
Marina Ariza es trabajadora social en el hospital Miguel Miskoff de Maimará, donde funciona la única consejería en salud sexual y reproductiva de la Quebrada y la Puna. Junto a la psicóloga Soledad Gargiulo, del mismo equipo
“A las médicas amigas de la causa podemos mandarles un mensaje en cualquier momento. No me contestará ya mismo, pero sé que durante el día me va a orientar en lo que necesite. Esa red sigue intacta”, afirma Martina.
El desafío
En medio de un clima de desaliento, incertidumbre y cansancio individual y colectivo, parece haber una siembra invaluable sobre la cual se sostiene la tarea cotidiana. Marina Ariza reflexiona: “Yo creo que la capacidad que desarrollamos de trabajar en absoluta adversidad, el repliegue de ir a las sombras, la posibilidad de ida y vuelta que hemos aprendido gracias a la experiencia de tantos años, y también de otras compañeras de otras provincias, en diálogo permanente, es una ganancia que no nos saca nadie”.
Y agrega: “Nosotras no vamos a dejar de garantizar el derecho nunca porque estamos paradas ahí. Con o sin presupuesto, con ley o incluso si mañana se modifica, el derecho está ganado en nosotras, en los equipos de salud, en las mujeres, en la sociedad. Partimos de esa convicción y eso no nos lo saca nadie”.
“La articulación con las compañeras no se rompió, y yo creo que no se va a poder romper -asegura Martina Montoya-. Vamos a seguir, aunque sea con el boca a boca. Así empezamos y así seguimos”.
En todo caso, el desafío es recrear viejas estrategias e inventar nuevas, encontrarse, volver a pensar juntas. Para Ailén, es urgente idear acciones concretas a corto plazo “porque se va a venir peor, porque claramente hay un ataque a la ley IVE”.
En este “remar en dulce de leche” que se repite en cada conversación, hay lugar para la confianza. A pesar de las sombras, detenerse a pensar en el camino recorrido enciende chispas de entusiasmo. “Ahora hay otra aceptación, ya no nos ponen rótulos como ‘la pañuelo verde’ o ‘la abortera’ -remarca Martina-. Incluso en el Encuentro de Mujeres sentí una actitud de ‘no me gusta mucho pero las acompaño, las felicito, las respeto’. No hablo de un respeto de soportarnos, sino un respeto de verdad”.
* Esta nota fue publicada originalmente en Punto de Encuentro, un espacio de Amnistía Internacional en elDiarioAR para amplificar las voces y miradas de periodistas, comunicadoras y fotógrafas que trabajan en temas relacionados con mujeres y disidencias.