A medida que se acerca el jueves 6 de agosto, fecha clave para el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, se consolida un amplio arco político, social y religioso que busca frenar una norma que implicaría el desmantelamiento de la soberanía territorial.
Mientras el oficialismo nacional apura los votos para reformar el régimen de tenencia de tierras, en las calles de Jujuy y del resto del país, con epicentro frente al Congreso de la Nación, se prepara una movilización masiva bajo una consigna unificada: «Argentina no está en venta».
El proyecto del Ejecutivo
El paquete normativo, diseñado por el Ministerio de Desregulación, propone un cambio de paradigma jurídico sobre el territorio. Los puntos que el Gobierno busca aprobar incluyen:
- Eliminación de límites a extranjeros: Se deroga el tope nacional del 15% para la compra de tierras rurales y el límite individual de 1.000 hectáreas en zona núcleo.
- Descentralización regulatoria: Se delega en las provincias la facultad de autorizar ventas, lo que deja a las jurisdicciones vulnerables ante grandes fondos de inversión.
- Desalojos exprés: Introduce mecanismos para recuperar propiedades en plazos de hasta 10 días si el derecho invocado es considerado «verosímil».
- Manejo del fuego: Elimina las restricciones vigentes, que van de 30 a 60 años, para cambiar el uso de suelo en tierras incendiadas, lo que implicaría un incentivo a los incendios intencionales.
Una convocatoria masiva
La movilización del 6 de agosto frente al Congreso nacional refleja la unión de un vasto espectro de la sociedad civil. La iniciativa, que comenzó a gestarse en la sede de la CTA Autónoma, cuenta con el impulso central de ambas centrales CTA (de los Trabajadores y Autónoma).
A este reclamo se suma el resto del arco sindical, a través de la CGT, que confirmó oficialmente su participación sumándose a las CTA y al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu).
Del ámbito político, convocan sectores del peronismo y partidos de izquierda.
El sector religioso también tendrá una presencia activa. Organizaciones como la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío emitieron comunicados expresando su rechazo al proyecto.
Movimientos sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) encabezarán el reclamo junto a colectivos feministas como Ni Una Menos y científicos del Conicet.
Como antesala, las centrales obreras realizarán una conferencia de prensa conjunta el miércoles 5 para ratificar la marcha federal en todas las capitales de provincia.
En Jujuy, la jornada del jueves 6 coincidirá con las Fiestas Patronales del Santísimo Salvador. El cronograma local incluye:
Martes 4: Conferencia de prensa y ritual de sahumada en Plaza Belgrano a las 10.30 hs para consagrar espiritualmente el territorio.
Jueves 6: Concentración masiva a las 16.00 hs en Plaza Belgrano. Se realizará un «cartelazo» sincrónico con el debate en el Senado.
Ejes centrales del rechazo
El rechazo al proyecto del Ejecutivo nacional está centrado en la pérdida de soberanía, ya que permitir que estados o corporaciones extranjeras compren tierras fronterizas o acuíferos compromete la seguridad nacional y las atribuciones de la administración central para determinar la gestión y destino de los recursos.
Por otro lado, la implementación de desalojos rápidos afectaría no solo a comunidades originarias y rurales -quienes ya vienen padeciendo esos avances, sino también a inquilinos urbanos, quienes por la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios ya ven comprometida su capacidad de afrontar el alquiler de sus viviendas.
El riesgo ambiental es otro de los ejes del rechazo a la iniciativa, puesto que al debilitar el alcance de la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Glaciares se ponen en jaque ecosistemas críticos frente al avance del negocio inmobilizario, el agronegocio y la minería.