La Asamblea ampliada en Defensa del Parque Nacional Calilegua (PNC) junta firmas contra la desafectación de 1000 hectáreas de la reserva. Con una radio abierta en la plaza Belgrano, informarán desde las 17 sobre el riesgo que corre el Parque por el convenio mediante el cual la Administración de Parques Nacionales (APN) delega en el estado provincial el control de las actividades que se realicen en el lugar.
Los integrantes de la Asamblea advierten sobre «la contaminación de cursos de agua por pozos surgentes, la vulneración de un corredor de biodiversidad para las Yungas y el pedemonte, la pérdida del co-control de la remediación ambiental de esas tierras por trabajadores de Parques Nacionales o el peligro pendiente de la continuidad de la explotación ilegal de petróleo en esa zona protegida». Recuerdan además que la explotación del Yacimiento Caimancito, ubicado en el PNC, es ilegal.
Rechazan también el convenio firmado entre la APN y el gobierno de Jujuy, mediante el cual el organismo nacional suspende su dominio y jurisdicción sobre 1000 hectáreas del Parque, cediendo el uso y goce de dicha área a la provincia. Alertan que a partir de esta medida la APN no podrá realizar la fiscalización de las actividades que se desarrollan en el Yacimiento Caimancito y las condiciones ambientales con las que dichas actividades se realizan, y denuncian que la provincia de Jujuy «será a partir de su firma ‘juez y parte’ de las operaciones en el sitio, con lo cual la empresa Jemse (empresa del estado provincial, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) tiene su camino libre de controles estrictos que debieran intervenir».
«Como hemos visto ya en esta zona de conflicto el riesgo de contaminación por manipulación de metales pesados e hidrocarburos continuará siendo alto, por la presencia de residuos peligrosos en donde las poblaciones aledañas son las principales afectadas sin estos controles», agregan.
Por otra parte, señalan que a través del convenio se traspasa a la provincia de Jujuy la remediación de los pasivos ambientales del sector, y recuerdan en este sentido que la provincia «tiene graves dificultades para garantizar mes a mes el sueldo del personal que depende de su administración».
El comunicado de la Asamblea
¡El Parque no se cede! ¡No más contaminación!
La Asamblea Ampliada en Defensa del parque Nacional Calilegua denuncia y repudia la desafectación encubierta del área del Yacimiento Caimancito, que desde el directorio de la Administración de Parques Nacionales han realizado a través de la firma de un «Convenio de Regulación del Parque Nacional Calilegua» con la provincia de Jujuy.
Con el supuesto motivo de regularizar instrumentos legales de creación del área protegida, se firmará un convenio en el cual la APN le cede a la provincia la jurisdicción y el dominio de 1000 hectáreas de tierras en el Yacimiento Caimancito. Entendemos que este acto administrativo está viciado de nulidad.
Esta decisión del directorio, utilizando un «vericueto legal», sienta un precedente nefasto para el sistema de áreas protegidas y va a contramano de la Ley de Parques nacionales.
Por medio de este convenio, la APN no podrá realizar la fiscalización de las actividades que se desarrollan en el Yacimiento Caimancito y las condiciones ambientales con las que dichas actividades se realizan. La provincia de Jujuy será a partir de su firma «juez y parte» de las operaciones en el sitio, con lo cual la empresa Jemse (empresa del estado provincial, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) tiene su camino libre de controles estrictos que debieran intervenir. Como hemos visto ya en esta zona de conflicto el riesgo de contaminación por manipulación de metales pesados e hidrocarburos continuará siendo alto, por la presencia de residuos peligrosos en donde las poblaciones aledañas son las principales afectadas sin estos controles.
¿Cómo se explica que los funcionarios de APN van a proteger el Parque cediendo la tutela del mismo a la provincia de Jujuy?
Como es de público conocimiento, muchos sectores de la sociedad estuvieron en contra de la explotación petrolera dentro del área protegida y de los fallidos intentos de desafectación del área. El actual gobernador de la provincia de Jujuy utilizó este hecho y la promesa de cierre del Yacimiento para su campaña política. A casi tres años de gestión del gobernador Morales, no solo la explotación petrolera continúa sino que no hay indicios de que se avance en un plan de cierre del Yacimiento. Lo que deja a las claras que la actual gestión de Parques Nacionales le regala a su candidato partidario en la provincia de Jujuy un sector del área protegida, arbitrariamente.
Finalmente, a través del convenio se traspasa a la provinca de Jujuy la remediación de los pasivos ambientales del sector. Debería recordarse, en función de ello, que Jujuy es una de las provincias más emprobrecidas del país y que tiene graves dificultades para garantizar mes a mes el sueldo del personal que depende de su administración.
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