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En las últimas horas, asumieron Néstor Hugo Paoloni y Cristian Guillermo Torres como jueces de la Cámara de Casación Penal, y Rodolfo Miguel Fernández como Juez de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
El acto fue presido por los jueces del Superior Tribunal de Justicia, Clara Aurora De Langhe de Falcone – presidente-, Sergio Ricardo González, Laura Nilda Lamas González y Pablo Baca; y contó con la presencia de la Fiscal General Adjunto, Aída Elena Dajer; la presidente del Colegio de Magistrados y funcionarios, Norma Issa; magistrados, miembros del Tribunal de Evaluación de los Concursos, funcionarios y empleados judiciales, e invitados especiales.
Falcone expreso su beneplácito por la integración de la Cámara de Casación Penal y el Juzgado de Control en lo Penal Económico, avanzando así en la concreción de las metas establecidas en la Reforma Judicial, impulsada por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, en diciembre de 2015.
La magistrada se dirigió a los nuevos jueces afirmando que existen dos herramientas elementales para el desarrollo de sus labores: la Constitución y la Ley.
Cabe recordar, que los flamantes magistrados fueron seleccionados por el Tribunal de Evaluación mediante el sistema de Concursos.
La Cámara de Casación Penal fue creada para la revisión integral de sentencias penales definitivas, como órgano intermedio entre los Tribunales en lo Criminal y el Superior Tribunal de Justicia.
Por su parte, el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, entenderá en los delitos tributarios establecidos en la Ley Nacional N° 24.769, sus modificatorias y reglamentarias.
Asimismo, tiene competencia exclusiva en los delitos tipificados por el Código Penal de la Nación y las leyes especiales, siempre que quien fuere denunciado como autor, participe primario o secundario y/o instigador, sea o haya sido funcionario o empleado público integrante de alguno de los tres poderes del Estado o de cualquiera de sus entes descentralizados, entidades autárquicas, sociedades o agencias del Estado y/o sociedades comerciales con participación estatal, y siempre que el delito investigado se encuentre directamente vinculado al ejercicio de la función pública que ostenta u ostentaba el funcionario o empleado público denunciado.
Numerosos delitos están contemplados en la competencia, entre otros, se pueden citar los cometidos contra la Administración Pública, contra el Orden Público, Estafas y Otras Defraudaciones, Usura, Quebrados y Otros Deudores Punibles, Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, y Delitos Contra el Orden Económico y Financiero.
