El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Pablo Baca, y el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, fueron denunciados penalmente por diputados y diputadas provinciales del Frente de Todos-PJ, por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «retardo de justicia» en el caso del primero, y «amenazas agravadas» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública» en el segundo.
La presentación de la denuncia se realizó bajo el patricinio del abogado Juan Giusti, quien explicó que ahora un fiscal deberá decidir si imputa o no. Se trata del fiscal Diego Funes, quien se encuentra frente a una verdadera encrucijada, ya que Lello Sánchez -quien no tiene fueros ni inmunidad de ningún tipo- es el jefe de todos los fiscales penales. De todos modos, no hay plazos definidos para que se decida la imputación o se desista de ella.
En el caso de Baca, si se avanza con la imputación, la investigación deberá caer en manos del juez de control, ya que el titular del STJ tiene fueros.
«Si no hay imputación, entonces podemos recurrir y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación», precisó el abogado.
La denuncia tiene su origen en los audios de Pablo Baca difundidos los últimos dos domingos en el portal El Cohete a la Luna, en los que el supremo admite que se demoran causas, que Lello presiona a jueces y que Milagro Sala permanece privada de su libertad porque de otro modo habría interferido con el gobierno de Gerardo Morales. Además, en esas conversaciones, Baca reconoce que el gobernador es «el jefe».
«Llama la atención que no hayan actuado de oficio, porque hay un reconocimiento de la demora de causas, de presiones a los jueces y otros varios delitos», analizó Giusti.
En el caso particular de Lello Sánchez, a lo difundido en los audios se agrega el nombramiento esta semana de su propia esposa como funcionaria en el MPA. «La ley dice que los cónyuges no pueden trabajar en el Ministerio Público. Así que ahora estamos dudando de si Lello Sánchez, quien hizo la ley a su medida, realmente la entendió».
«Baca en un audio reconoce que demoraba expedientes; surge que Lello es parte del equipo y que el jefe es Gerardo Morales. No sé si aplicaría asociación ilícita, habrá que estudiarlo. Eso dependerá del fiscal que intervenga», agregó Giusti.
La denuncia está firmada por las diputadas Alejandra Cejas, Débora Juárez Orieta, Leila Chaher, Mariela Ferreyra, Fátima Tisera y Emanuel Martín Palmieri. «Estas legisladoras y legislador han tenido la valentía de presentarse y entender que necesitamos que la justicia sea un órgano que proteja la vida de los ciudadanos», afirmó Cejas en una conferencia de prensa que realizaron esta mañana luego de la presentación de la denuncia en la sede del MPA.
«El hecho es muy preocupante. Esperamos tener una respuesta objetiva, una investigación seria», agregó la diputada.
Por su parte, Juárez Orieta destacó: «Aquí la máxima autoridad judicial habla de un grupo de trabajo que se dedica a cajonear y demorar causas, cuando los ciudadanos recurren a la justicia pensando que es igual para todos».
«Es nuestra obligación denunciar -continuó la legisladora-. En realidad, lo debería haber hecho cualquier funcionario judicial o del Ejecutivo provincial».
En el texto de la denuncia, se detallan aspectos de las publicaciones periodísticas de los audios de Pablo Baca. A partir de este material, los diputados enumeran una serie de conclusiones:
Dado la naturaleza de las confesiones, el cargo que ostenta PABLO BACA como miembro del Superior Tribunal de Justicia, es que los audios son la principal prueba y deben ser admitidos como tales para avanzar con la causa, quién
reconoce las siguientes situaciones:
1. El Gobernador Gerardo Morales es su jefe, por lo que viola el principio republicano de separación de poderes del estado.-
2. Hay una ciudadana jujeña que está presa por voluntad de Gerardo Morales, aunque no corresponda jurídicamente.-
3. La ley que crea el ministerio de la acusación es excesiva, que la hizo Lello Sánchez a su “medida” junto al hijo de Gerardo Morales, Gastón Morales, porque son amigos (otra muestra más de sus excesos y de la falta de división de
poderes). Usó las facultades legales para, por ejemplo, nombrar a su esposa como funcionaria a su cargo con un sueldo de casi $ 200.000 mensuales.-
4. Lello Sánchez comete excesos en el ejercicio de su función y que Él es quién evita que los otros miembros del máximo órgano judicial ponga los límites a los excesos de Lello Sánchez.-
5. Gerardo Morales es el jefe del equipo el cual integran Lello Sánchez y Él mismo, entre otros.-
6. Que en la tramitación de las causas contra funcionarios y dirigentes políticos, fueron acomodando las causa, violando el principio de imparcialidad de los jueces.-
7. Lello Sánchez presiona a jueces que tienen causas de su interés.-
8. Lello Sánchez y Clara de Falcone son incompetentes para estar en el cargo.-
Leé la denuncia completa