El magistrado no hizo lugar a las oposiciones y concurrentes pedidos de sobreseimientos formulados por las defensas técnicas de los imputados.
La causa penal se inició «por los incidentes sucedidos el 4 de noviembre de 2013 en el edificio de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y los daños ocasionados a bienes de propiedad privada en el marco de una manifestación de integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom)».
Los imputados son Julio Antonio Farfán, Eduardo Marcial Ruiz, Ariel Marcelo Gutiérrez, Rogelio Abraham Bambuira, Arnaldo Alberto Rojas, Santiago Seillant, Juan Manuel Spontón, Elías Ezequiel Urzagasti, Justo Pastor Leguizamón, Joel Isaías Tintilay, Félix Ignacio Valdéz, Florencio Martín Pisaya y Blanca Rufina Lezcano, quienes deberán responder como supuestos autores materiales de los delitos de daños, daños calificados, lesiones leves agravadas y lesiones graves agravadas en concurso real.
En la resolución, emitida el 10 de abril, el juez expresa que los tipos penales que sustentan la acusación formulada por la Fiscal de Investigación Nº 10, Silvia del Valle Farall, en contra de los imputados resulta ajustada a derecho, «toda vez que el accionar ilícito de estos últimos ha provocado daños a las cosas, ha impedido el libre ejercicio de la autoridad, se han ejecutado sobre bienes de uso público y privado y han causado lesiones leves y graves a miembros de las fuerzas policiales».
Para el magistradom resulta claro que «los derechos de peticionar a las autoridades, de reunión y de libertad de expresión deben ser armonizados con todos los otros derechos que la ley fundamental acuerda a cada uno de sus habitantes».
«De lo contrario -afirma-, se estaría conculcando uno de los pilares fundamentales del estado de derecho, como lo es el principio de igualdad, avasallando de esta manera la protección y ejercicio de otros derechos de idéntica jerarquía como son los de libertad en todas sus formas y de propiedad en el sentido más amplio del término».